Una denuncia por violación a la intimidad y presunto abuso sacude a la provincia de Chaco. Inquilinos de un complejo habitacional denunciaron formalmente al propietario del lugar por haber diseñado e instalado un perverso sistema casero de cámaras ocultas y mirillas destinadas a espiar y registrar en video a mujeres y niños dentro del baño compartido del predio.
La discusión que destapó la red de espionaje
La trama delictiva comenzó a salir a la luz a partir de la sospecha de una de las residentes. Según consta en el expediente judicial, la mujer sorprendió al locador mientras la observaba fijamente y de manera sugerente en el patio del complejo mientras ella lavaba la ropa.
La situación derivó en un fuerte cruce verbal entre ambos. De acuerdo con el testimonio de la víctima, ante la presión del reclamo, el hombre terminó admitiendo de forma espontánea que poseía fotografías y filmaciones de ella tomadas sin su consentimiento.
A raíz de este perturbador episodio, los habitantes del lugar comenzaron a inspeccionar de forma minuciosa las instalaciones del complejo —el cual consta de una vivienda principal donde reside el acusado y cinco habitaciones destinadas al alquiler—. Al revisar el único baño que comparten todos los inquilinos, descubrieron una estructura especialmente acondicionada para el espionaje:
- Falsas tomas de corriente: Conexiones eléctricas que ocultaban lentes o permitían la visión directa.
- Rendijas y fondos falsos: Perforaciones estratégicas en las paredes colindantes diseñadas para observar el interior del sanitario sin levantar sospechas.
El caso más grave: una menor involucrada
La causa sumó una dimensión mucho más alarmante cuando una segunda inquilina se presentó ante las autoridades policiales para radicar una nueva denuncia. La mujer aseguró haber sido víctima del mismo mecanismo de observación y aportó un dato estremecedor: fue espiada y filmada mientras se higienizaba junto a su pequeña hija de apenas tres años. En este caso, el acusado también habría reconocido ante la damnificada la existencia de los archivos de video, intentando defenderse bajo la excusa de que posteriormente los había borrado de sus dispositivos de almacenamiento.
Las víctimas denunciaron además que, lejos de mostrar arrepentimiento o colaborar con el esclarecimiento del hecho, el propietario reaccionó con violencia tras verse descubierto y decidió expulsar y desalojar de forma inmediata a varios de los inquilinos que osaron cuestionarlo.
Por estas horas, la Fiscalía en turno coordinó una serie de peritajes técnicos sobre la estructura del inmueble para determinar si aún existen dispositivos electrónicos ocultos en funcionamiento, precisar el volumen del material audiovisual que fue efectivamente grabado por el sospechoso y establecer si existen más víctimas dentro del complejo que todavía no se animaron a formalizar su declaración.
