La macroeconomía argentina transita un período de marcadas contradicciones. Por un lado, las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reflejan una desaceleración sostenida en el ritmo de aumento de precios: la inflación de junio se ubicó en el 1,9%, consolidándose como la cifra mensual más baja desde agosto de 2025. Sin embargo, en la experiencia cotidiana de las familias argentinas, este alivio estadístico parece no tener correlato. La distancia entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la capacidad de compra real de los salarios configuró una brecha de percepción que ya no responde únicamente a variables partidarias, sino a un profundo agotamiento del bolsillo.
Este divorcio entre el dato y el mostrador quedó expuesto en el Monitor de Opinión Pública (MOP) elaborado por Zentrix Consultora. Según el relevamiento privado, el 86,1% de los encuestados sostiene de manera categórica que sus salarios continúan perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación. La rigidez de este indicador, que casi no ha mostrado variaciones respecto de mediciones anteriores a pesar de la notable caída del IPC, evidencia que la desaceleración de la inflación no equivale necesariamente a una recuperación de los ingresos. El fenómeno cruza transversalmente el espectro político, aunque con matices de intensidad: entre los votantes del Gobierno nacional, el 70,2% afirma que sus ingresos siguen por detrás de los precios, un porcentaje que escala al 96,6% entre los adherentes a las fuerzas opositoras.
El estudio de Zentrix profundiza en una autopercepción socioeconómica que enciende alarmas sobre la erosión de los sectores medios. El 50,2% de los participantes del sondeo se define hoy como parte de la clase baja, mientras que el 39,3% se identifica con la clase media y apenas el 10,5% con la clase alta. Estas definiciones subjetivas se corresponden con datos muy concretos sobre la viabilidad financiera de los hogares: el 61% de los encuestados reportó que sus ingresos mensuales solo les permiten cubrir sus gastos, como máximo, hasta el día 20 de cada mes. Solo un reducido 13% de la muestra declaró contar con capacidad de ahorro al finalizar el ciclo mensual. Las diferencias según la estratificación social de los encuestados son abismales: mientras que en el segmento de clase alta solo el 11,8% declara quedarse sin recursos antes del día 20, la cifra se eleva al 43% en la clase media y trepa al 86,1% en los sectores que se autoperciben de clase baja.
Esta asimetría alimentó una creciente desconfianza respecto del termómetro oficial. El 68,8% de la población general bajo análisis cree que la medición del INDEC no es un fiel reflejo de las remarcaciones que experimenta en sus compras cotidianas. Este descreimiento es todavía más agudo en la base de la pirámide, alcanzando al 84% de quienes se consideran clase baja. En cuanto al horizonte cercano, predomina el escepticismo: el 55,1% de los consultados evalúa que la situación económica general todavía tiene margen para empeorar, frente al 24% que considera que la fase más crítica ya fue superada. No es casual que, al indagar sobre las principales preocupaciones colectivas en un formato de respuesta abierta, términos como «corrupción» y «economía» encabecen las menciones, seguidos por la preocupación específica en torno a los ingresos (48,2%) y la incertidumbre general (37,1%).
En la otra vereda, el cuadro técnico del INDEC aporta la base numérica de esta discusión. El acumulado del primer semestre de 2026 cerró con un alza de precios del 16,8%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,5%. Durante junio, las subas más significativas se registraron en el rubro «Recreación y cultura» con un 4,2% —traccionado por el turismo estacional— y en «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» con un 3,3%, explicado por la actualización de los contratos de alquileres y el reajuste en las tarifas de servicios. Por contrapartida, las canastas básicas que delimitan las líneas de vulnerabilidad social continuaron su actualización. Durante el sexto mes del año, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió un 1,3% y la Canasta Básica Total (CBT) un 2,2%. En términos prácticos, el INDEC determinó que un hogar tipo en el Gran Buenos Aires necesitó contar con ingresos por $1.531.473 para no caer por debajo de la línea de pobreza, y de $689.853 para evitar la indigencia.
En este marco, las previsiones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anticipan que el sendero de la inflación minorista se mantendrá estable en torno al 2% para julio y proyectan un leve descenso hacia el 1,8% para los meses de agosto y septiembre. Si bien para la gestión económica del Palacio de Hacienda la consolidación de estos números representa una victoria técnica innegable, el desafío de cara a la segunda mitad del año excede la mera contención del índice: la urgencia pasa por recomponer un tejido social donde, para la gran mayoría, la inflación baja sigue conviviendo con heladeras vacías a fin de mes.
