La desinflación que volvió en abril y el Gobierno de Javier Milei exhibe con orgullo en los principales indicadores macroeconómicos encuentra su principal contrapartida en el severo reordenamiento de los precios regulados. Durante mayo, el costo de vida para una familia promedio residente en el Área Metropolitana de Buenos Aires sumó una presión asfixiante. De acuerdo con el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Pública, organismo dependiente de la UBA y el Conicet, un hogar tipo debió destinar 249.834 pesos únicamente para cubrir las necesidades básicas de luz, gas, agua y transporte público. Este valor representa una aceleración del 17,5 por ciento respecto al mes anterior, una cifra que triplica cómodamente la inflación minorista proyectada por el Banco Central para el mismo período.

A diferencia de los meses del verano, donde el ajuste respondió de forma casi exclusiva a las decisiones de la política económica para reducir el gasto público, el salto de mayo estuvo fuertemente condicionado por factores climáticos. La irrupción temprana de temperaturas invernales provocó que el consumo residencial de gas prácticamente se duplicara, lo que, sumado a los incrementos en los cargos fijos y variables, disparó el gasto promedio en este servicio un 53,3 por ciento mensual. Una dinámica similar se observó en el sector eléctrico, donde el mayor uso de artefactos de calefacción impulsó una suba del 37,8 por ciento. Sin embargo, en el desglose total, el transporte colectivo se consolida como el componente más pesado para el bolsillo, demandando 110.438 pesos mensuales por familia y superando el costo agregado de todos los servicios del hogar.
La velocidad del ajuste de tarifas implementado desde el inicio de la gestión de Javier Milei alteró de forma drástica la estructura de gastos de la clase media y trabajadora. El acumulado de la canasta de servicios públicos del AMBA registra un incremento superior al 800 por ciento desde diciembre de 2023, una cifra que pulveriza la inflación general acumulada en el mismo lapso. El impacto sobre los ingresos es evidente: mientras que un año atrás un sueldo promedio registrado alcanzaba para cubrir más de ocho canastas energéticas y de transporte, en la actualidad apenas permite pagar siete meses y medio. Con tarifas que ya cubren el 58 por ciento del costo real del sistema, la contracción del poder adquisitivo se profundiza en las vísperas de los meses más duros del invierno.