Lo que comenzó en enero de 2024 como una denuncia formal por el misterioso robo de componentes de la Red Federal de Fibra Óptica en un playón de la localidad bonaerense de San Fernando terminó por abrir una verdadera caja de Pandora en los tribunales federales de San Isidro. El caso penal, liderado por el juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, escaló a niveles insospechados hasta exponer una presunta estructura delictiva autodenominada en los pasillos gubernamentales como “la banda de los mendocinos”. Una facción de exfuncionarios con amplias terminales políticas en la provincia de Cuyo que, según los expedientes judiciales a los que accedió el diario La Nación, habría colonizado las áreas clave de contratación de la firma estatal ARSAT para desviar fondos millonarios mediante contratos digitados y retornos espurios.
El punto de quiebre definitivo se produjo tras una serie de allanamientos que derivaron en la impactante detención de Facundo Leal, un abogado mendocino de alto perfil que presidió ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández y logró conservar puestos de relevancia institucional —entre ellos, la titularidad del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)— bajo la presidencia de Javier Milei, apalancado por su entonces jefe político, el exsecretario de Transporte Luis Pierrini. Al irrumpir en su departamento del barrio porteño de Palermo, los agentes judiciales secuestraron un arsenal de estupefacientes que incluía miles de dosis recreativas de ketamina, MDMA y cocaína, junto a 650.000 dólares en efectivo. La sorpresa mayor llegó con los operativos paralelos en sus propiedades de Mendoza, donde la Justicia descubrió más de 1,7 millones de dólares embalados en fajos termosellados que carecían de cualquier tipo de declaración impositiva.
Las pruebas recolectadas en los peritajes tecnológicos sobre los teléfonos móviles de los sospechosos revelaron una ingeniería destinada a simular una falsa competencia en las licitaciones públicas de la empresa mayorista de telecomunicaciones. Según el expediente, en septiembre de 2021 la firma Argentina Logistic Services SA (ALS), presidida por Fernando Diego Paredes, resultó adjudicataria de un contrato millonario para custodiar y operar el predio de San Fernando a razón de 20.000 dólares mensuales. Los investigadores detectaron que las ofertas de las tres compañías competidoras ingresaron de forma consecutiva con una diferencia de escasos minutos. Audios de WhatsApp de la época exponen que exgerentes como el mendocino Gerardo Boschin (quien se desempeñó como gerente de compras de ARSAT y luego titular de Trenes Argentinos Infraestructura) coordinaban con presuntos intermediarios —entre ellos Santiago Pando y el empresario Leonardo Scatturice— el envío de órdenes de compra afirmando textualmente que debían «hacer un par de cosas para que quede algo para los muchachos».
La gravedad institucional del escándalo no solo radica en el desvío ilícito de fondos públicos, sino en las ramificaciones hacia otras terminales del poder real. Entre los elementos que evalúa la fiscalía federal se encuentran registros de viajes al exterior realizados por los involucrados en aeronaves vinculadas a influyentes dirigentes del fútbol argentino y la política nacional, como Pablo Toviggino. Con los antecedentes de un robo inusual donde curiosamente las cámaras de vigilancia no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral estaba previamente dañado para facilitar el vaciado de los contenedores de fibra óptica, el fiscal Domínguez solicitó formalmente el llamado a declaración indagatoria para la totalidad de la cúpula sospechosa, marcando el inicio de un proceso penal que promete sacudir los cimientos del sector público y las regulaciones corporativas del Estado.
