A las puertas del receso invernal, el Palacio del Congreso vuelve a quedar envuelto en una densa controversia política y social. Un nuevo reajuste salarial catapultará las dietas de los senadores nacionales a casi 12 millones de pesos brutos a partir de agosto. La medida, que se da en un contexto de fuerte deterioro de los ingresos de la población general y con un índice de desocupación que roza el 8 %, reaviva el debate sobre los privilegios de la clase política y posiciona a los legisladores dentro de un selecto grupo que logra ganarle la carrera a la inflación.
La actualización salarial es el resultado directo del acuerdo paritario sellado entre las máximas autoridades del Congreso —la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem— con las conducciones de los gremios legislativos (APL, UPCN y ATE). El convenio establece un incremento acumulativo del 6,7 % para el personal de la casa, que se aplicará de forma escalonada en tres tramos: un retroactivo del 2,4 % correspondiente a junio, un 2,2 % en julio y el 1,9 % restante en agosto.
Sin embargo, el impacto político más severo radica en la vigencia de la denominada «ley de enganche», aquel polémico mecanismo aprobado a mano alzada por los propios senadores durante el período legislativo de 2024. A través de este sistema, cualquier mejora obtenida por los trabajadores del Congreso se traslada automáticamente a las dietas de los representantes de las provincias. El sueldo de los senadores se calcula técnicamente sobre la base de 2.500 módulos salariales, a los que se añaden 1.000 módulos por gastos de representación y otros 500 bajo el concepto de desarraigo. Con el nuevo valor del módulo, la cifra en bruto escalará exactamente a $11.877.000, quedando sujeta a los descuentos de ley correspondientes a obra social, jubilación e impuesto a las ganancias.
Este nuevo porcentaje se acopla al incremento acumulativo del 12,5 % que la Cámara Alta ya había consolidado hacia el mes de mayo. De esta manera, los senadores computarán una recomposición del 19 % entre enero y agosto, logrando superar por algunos puntos la inflación acumulada del primer semestre, la cual se ubicó en el 16,8 % a junio de acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De acuerdo con informes técnicos del sector laboral, los legisladores se posicionan así junto a un reducido pelotón de apenas ocho gremios —entre ellos, bancarios, camioneros y encargados de edificios— cuyos haberes consiguieron ganarle al índice de precios en la primera mitad del año. La única vía para eludir la percepción de este incremento es la renuncia expresa o la donación del excedente, una estrategia que ya han implementado a lo largo del año diversos representantes de bloques como La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO y distintas fuerzas provinciales.
La situación expone además una marcada asimetría hacia el interior del Poder Legislativo. En la Cámara de Diputados, donde no rige el mecanismo de indexación automática por paritaria, la realidad salarial es ostensiblemente distinta: un diputado nacional percibe actualmente una dieta bruta de $6.072.000, lo que representa un ingreso neto de $4.322.307 tras las deducciones de rigor. Esta brecha, donde un senador pasa a percibir prácticamente el doble que su par de la Cámara Baja, viene sembrando un fuerte malestar en los pasillos de Diputados y tensiona la relación del cuerpo con Martín Menem, quien mantiene la postura de congelar las dietas de su sector mientras continúa sorteando su propio sueldo a través de las redes sociales.
La paritaria que desencadenó el ajuste fue refrendada en los papeles por los secretarios administrativos y prosecretarios de ambas cámaras (Lucas Clark, Alejandro Fitzgerald, Laura Oriolo y Mercedes Piscitello), junto a las representaciones sindicales encabezadas por Norberto Di Próspero (APL), Claudio Britos (ATE) y Martín Roig (UPCN). Más allá de la discusión sobre las dietas políticas, las actas establecen que el haber para la máxima escala del personal legislativo (Categoría 1) llegará a $2.509.123 en agosto, mientras que la escala intermedia (Categoría 6) se fijará en $1.193.538 para el mismo mes, en medio de reclamos gremiales que exigen regularizar de forma transparente las resoluciones de mejoras salariales internas y garantizar la equidad entre los empleados del Palacio de las Leyes.
