La dramática saga financiera de SanCor Cooperativas Unidas Limitadas ingresó en su etapa de definiciones institucionales más crítica. Luego de que la Justicia de Santa Fe decretara formalmente la quiebra de la emblemática firma a finales de abril —tras un pedido de la propia conducción ante la inviabilidad de su concurso preventivo—, se llevó a cabo la primera reunión oficial en la Casa Central de Sunchales entre las autoridades judiciales y los seis oferentes interesados en adquirir la totalidad de los activos y unidades productivas de la empresa. Bajo la conducción del juez Marcelo Gelcich y con la supervisión de la sindicatura, las autoridades expusieron detalladamente el estado patrimonial del gigante lácteo y fijaron las pautas normativas del pliego de enajenación. La premisa del proceso es clara, unívoca y rigurosa: el interesado que resulte seleccionado deberá estructurar una adquisición de carácter absoluto, asumiendo el control total de la infraestructura remanente.
El listado de corporaciones y hombres de negocios que pujan por quedarse con la compañía combina un marcado perfil estratégico sectorial con fuertes apuestas de diversificación económica. Entre los participantes del encuentro destacaron multinacionales y firmas de amplia trayectoria en el mercado interno, como Savencia, controladora de Milkaut; Adecoagro, fabricante de las leches Las Tres Niñas; Punta del Agua; Elcor, firma titular de la marca de mantecas La Tonadita; y la empresa láctea La Tarantela. El sexto oferente en discordia, cuya postulación generó un fuerte impacto político y sectorial, es el empresario de medios Gustavo Scaglione, socio de Manzano y Vila. El influyente holding, que recientemente consolidó su perfil federal con la adquisición de la señal televisiva Telefe y mantiene una fuerte participación en multimedios de Rosario, Salta y Tucumán, fue el único ausente con aviso en las deliberaciones presenciales, aunque sus representantes formalizaron la intención de presentar una propuesta integral apalancada por fondos de inversión y socios estratégicos radicados en el exterior.
La resolución del proceso de venta total bajo la modalidad de continuidad supervisada de la explotación representa un complejo equilibrio para los tribunales santafesinos, que intentan maximizar el recupero de deudas por parte de los acreedores sin descuidar el sensible entramado social y laboral de la cuenca lechera. Con un pasivo consolidado que supera los 120 millones de dólares y una severa parálisis productiva que diezmó sus ingresos durante el último año, el cese definitivo de actividades de la cooperativa arriesga de manera directa el sustento de 914 trabajadores en relación de dependencia directa y de decenas de productores remitentes de materia prima. El gremio Atilra, que sigue de cerca el avance del expediente penal y comercial, ha manifestado su expectativa ante la posibilidad de que el desembarco de capitales privados logre sanear de forma definitiva una crisis estructural que arrastra casi una década de frustrados salvatajes estatales y paros fabriles.
