La tensión en el ámbito educativo de Santa Cruz sumó un nuevo y complejo capítulo. Luego de evaluar el resultado de la audiencia de Conciliación Obligatoria, un Congreso Extraordinario de la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió rechazar la postura oficial, profundizar el plan de lucha en unidad con el Frente Sindical y decretar un paro total de actividades por 96 horas.
Debido a que el lunes es feriado nacional por la Revolución de Mayo, la medida de fuerza —que se ejecutará los días martes 26, miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de mayo— dejará a las escuelas públicas de la provincia sin actividad durante toda la semana laboral.
Desde el sindicato calificaron la instancia judicial como “extorsiva“ ante la falta de respuestas del Ejecutivo provincial y apuntaron contra el Ministerio de Trabajo, al que acusaron de tener un rol «incongruente» por actuar como árbitro siendo parte de la patronal.
Los tres puntos centrales del reclamo
El Congreso de ADOSAC ratificó que el levantamiento de las medidas está condicionado a respuestas concretas en la subcomisión laboral sobre tres ejes:
- Paritaria salarial urgente: Exigen una fecha precisa para una oferta que permita a los trabajadores de la educación «salir de la línea de pobreza».
- Proyecto pedagógico: Demandan un cronograma de trabajo inmediato para tratar la propuesta impulsada por las bases docentes.
- Devolución de haberes: Reclaman una fecha fija para el reintegro de todos los descuentos por días de huelga aplicados desde diciembre de 2025 hasta la actualidad.
Fuertes denuncias contra el Consejo de Educación
La conducción de ADOSAC manifestó su enérgico rechazo a lo que consideraron «amenazas» por parte del Consejo Provincial de Educación (CPE), recordando que la huelga es un derecho constitucional básico.
En este marco, apuntaron de forma directa contra la presidenta del CPE, Iris Rasgido, denunciando penal y administrativamente la baja de cargos y horas a educadoras que se encontraban bajo régimen de tareas pasivas por razones de salud. Asimismo, repudiaron el accionar de supervisores y directivos que ejecutaron el cese de docentes interinos, en excepción e idóneos que se sumaron a las protestas.
Infraestructura, regalías y rechazo al Acuerdo 717/26
Finalmente, el pliego del gremio docente incluyó demandas estructurales que exceden lo estrictamente salarial. Rechazaron cualquier intento de endeudamiento por parte del Estado provincial, exigiendo que los fondos públicos salgan del aumento de regalías a las empresas mineras y petroleras que operan en Santa Cruz.
En esa línea, solicitaron inversión presupuestaria urgente para la reparación edilicia de escuelas (con foco en el crítico sistema de calderas de cara al invierno), la normalización de las prestaciones de la Caja de Servicios Sociales (CSS) y manifestaron su total repudio al Acuerdo 717/26, normativa que —aseguran— fue aprobada por el CPE de forma unilateral y a espaldas de la comunidad educativa.
