Las cuentas públicas ingresaron en una zona de alta exigencia técnica y política. Tras un arranque de año marcado por el shock de austeridad y el objetivo rector de sostener el superávit, el cierre de la primera mitad del ejercicio dejó al descubierto las costuras del esquema fiscal: la persistente recesión y su correlato directo en la caída de la recaudación tributaria complicaron el cumplimiento de las metas intermedias pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), obligando al Ministerio de Economía a preparar una nueva ronda de recortes para lo que resta del año.
Aunque en términos nominales el Tesoro cerró el primer semestre con un superávit primario de $7,33 billones (equivalente al 0,65% del PBI), la letra chica que revisa el equipo técnico del FMI arroja un balance sensiblemente distinto. Al descontar los recursos de carácter extraordinario que el organismo no computa dentro de los ingresos corrientes —como los fondos provenientes de la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue—, el resultado operativo real se reduce a $6,3 billones (0,55% del PBI).
Esa cifra ubica el desempeño fiscal unos $570.000 millones por debajo de la meta semestral flexibilizada de $6,86 billones, calculada por la consultora Outlier. La brecha se explica fundamentalmente por un mes de junio deficitario, afectado por el pago de aguinaldos en el sector público, el envío de subsidios energéticos y la postergación en los vencimientos del impuesto a las Ganancias, sumado al menor dinamismo de impuestos clave atados al ciclo económico como el IVA y el impuesto a los débitos y créditos bancarios.
De acuerdo con estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y de la consultora LCG, para cumplir con el objetivo anual recalculado en un superávit primario del 1,4% del PBI ($16,26 billones), el Palacio de Hacienda deberá generar casi $10 billones adicionales de excedente en los próximos seis meses. La meta, de por sí exigente, resulta aún más dura al considerar la estacionalidad del gasto hacia la segunda mitad del año.
Este cuello de botella fiscal ya empieza a condicionar las decisiones de política económica del Ejecutivo. Para evitar un drenaje mayor de recursos, el Palacio de Hacienda debió recortar de forma acotada las retenciones al agro —limitándolas al trigo y la cebada, mientras postergó el alivio para el complejo sojero hasta 2027— y resolvió diferir la implementación del Fondo de Afectación Laboral (FAL).
A diferencia de la primera etapa del programa, en la que el ajuste descansó en licuaciones jubilatorias e interrupción de la obra pública —según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gasto de capital nacional cayó 12,1% real en el semestre—, la profundización del recorte en este tramo se enfrenta a un margen social golpeado y a la necesidad de reactivar la recaudación para no depender exclusivamente de la tijera presupuestaria.
