La Provincia de Buenos Aires acusa a Mercado Libre por presuntas cláusulas abusivas en sus contratos y podría multarla con $ 1.800 millones

El Ministerio de Producción bonaerense inició una investigación de oficio tras detectar más de diez condiciones que infringirían la Ley de Defensa del Consumidor, abriendo la posibilidad de aplicar una sanción económica que supera los mil ochocientos millones de pesos.

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La Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores de la Provincia de Buenos Aires formalizó una imputación contra la firma de comercio electrónico Mercado Libre por considerar que los contratos de adhesión de sus plataformas contienen términos que generan un severo desequilibrio contractual en detrimento de los usuarios. La medida administrativa surge a partir de una exhaustiva fiscalización sobre los textos legales regulatorios del denominado ecosistema de la compañía, abarcando desde las condiciones generales de uso hasta los contratos específicos vinculados a préstamos personales y operatorias de pago de la billetera digital Mercado Pago. El área encargada de la supervisión argumenta que las pautas analizadas transgreden el artículo treinta y siete de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, configurando una asimetría que desprotege a los ciudadanos que operan cotidianamente en dichos soportes digitales.

mercado pago

Ante este escenario, la administración provincial otorgó a la empresa un plazo perentorio e improrrogable de cinco días hábiles para realizar el descargo correspondiente en la ciudad de La Plata. Las autoridades señalaron que el expediente podría cerrarse de forma anticipada si la compañía opta por presentar una propuesta formal para rectificar, adecuar o suprimir las disposiciones que fueron observadas formalmente; de lo contrario, el proceso administrativo continuará su curso y podría culminar en una penalización económica de hasta $ 1.815 millones. Desde la firma respondieron que la acusación responde a una etapa preliminar de carácter técnico y de oficio, por lo que desestimaron que existan perjuicios individuales validados, remarcando asimismo que el volumen de disconformidades es marginal en comparación con los millones de transacciones diarias efectuadas y que sus términos vigentes se encuadran estrictamente dentro del marco legal vigente.

Recordemos que Marcos Galperin es un empresario que apoya al presidente Javier Milei y su modelo económico y lo respaldó esta semana cuando el presidente criticó a un periodista que pedía impuestos más altos para las empresas que más facturan y para las personas con mayor capital.

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