El profundo proceso de reconfiguración económica impulsado por la administración de Javier Milei alteró drásticamente el destino de los fondos públicos, provocando el ocaso de los históricos contratistas estatales y el ascenso de un nuevo grupo de ganadores absolutos. La drástica decisión oficial de suspender la construcción de infraestructura y priorizar exclusivamente las funciones operativas más elementales de la administración provocó la caída de las empresas constructoras y viales, que durante décadas lideraron los rankings de facturación con el Estado. En este nuevo ecosistema, los recursos de la Tesorería de la Nación, administrados bajo la estricta órbita del Ministerio de Economía, se reorientaron a garantizar el funcionamiento básico de los edificios públicos, la subsistencia de los sistemas informáticos y la contención de las prestaciones esenciales de salud.
Este reordenamiento de las cuentas nacionales encumbró a las empresas vinculadas al sector sanitario y farmacéutico como las principales beneficiarias de la caja estatal. Entre los actores privados, la firma Suizo-Argentina se consolidó en la primera posición del ranking de proveedores, evidenciando cómo los grandes laboratorios y droguerías lograron ganar terreno y concentrar los pagos oficiales en comparación con la dispersión que mostraban en las mediciones de años anteriores. Esta tendencia se complementa con la preeminencia de corporaciones dedicadas a la provisión de insumos médicos y servicios tecnológicos básicos que evitan el colapso del sistema sanitario, desplazando por completo del podio a las compañías que tradicionalmente dependían de los subsidios energéticos y el desarrollo de grandes obras civiles.
Una droguería quedó primera. Si se trata de empresas privadas, nadie cobró del Estado el año pasado más que Suizo Argentina S.A. Está por encima de empresas de gran tamaño y trayectoria, como laboratorios, firmas de energía y de logística. La droguería está involucrada en el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), transformada en Secretaría bajo la órbita del Ministerio de Salud, que dirige Mario Lugones, tras la polémica por las presuntas coimas a funcionarios públicos. La causa fue iniciada por Sebastián Casanello, pero tras dictar los procesamientos en febrero de 2026, pasó por sorteo a manos de Ariel Lijo. Hay 19 procesados en la causa que involucra a Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, propietarios de la empresa. Los registros muestran otra coincidencia. Firmas como Droguería Génesis, señalada por la Justicia como parte de un entramado de intermediación, irrumpieron en el ranking de proveedores con cobros por $28.543 millones.
Desde el comienzo, la gestión de Milei tomó distancia de los laboratorios y tuvo una línea favorable a la importación, respeto a las patentes, como pedía EE.UU., y menor intervención regulatoria. Sin embargo, siguen siendo actores clave relacionados con las prestaciones del Estado. En los datos, los laboratorios no solo están, sino que suben posiciones con el cambio de modelo. En 2023 tenían presencia, pero más dispersa. A partir de 2024, empezaron a escalar. Por caso, Sinergium Biotech se metió en los primeros lugares y se mantuvo en 2025, mientras que Pfizer dejó de ser un actor secundario y se consolidó en el tramo alto del ranking.
Al mismo tiempo, aparecen jugadores nuevos. Gador no tenía peso en 2023 ni en 2024 y en 2025 saltó directamente a las posiciones de arriba, mientras que droguerías como Dihemo o Génesis escalaron posiciones y se instalan entre los principales receptores de pagos. Eso muestra que no es solo la industria farmacéutica: también crece el peso de la cadena de distribución. El resultado es claro cuando se mira el conjunto: los proveedores vinculados a la salud ocupan el lugar que antes era de las constructoras. Hay gastos que el Estado no puede dejar de pagar.
El negocio de mantener operativo el Estado también potenció la facturación de las empresas dedicadas a la limpieza edilicia y el mantenimiento tecnológico. Mientras el flujo de fondos hacia las provincias y los proyectos de largo plazo permanece congelado, los desembolsos mensuales se concentran en asegurar que la infraestructura pública no se apague y que los servicios mínimos continúen vigentes. Los analistas del sector destacan que, si bien el Gobierno mantiene una narrativa de fuerte austeridad y reducción del gasto, el funcionamiento de la estructura burocrática inevitablemente genera ganadores en el sector privado. De este modo, la readecuación del modelo libertario no eliminó los contratos corporativos, sino que modificó el perfil de las compañías beneficiadas, sustituyendo la vieja matriz de obra pública por una red de proveedores enfocada en los servicios operativos esenciales.
