El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para derogar por completo la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como la Ley de Etiquetado Frontal.
La iniciativa, que ingresó al Senado con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, argumenta que la normativa actual basada en los parámetros de la OPS presenta severas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas que justifican su eliminación.
De aprobarse la propuesta, la derogación entraría en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, lo que implicaría la quita definitiva de los octógonos negros de advertencia y el fin de las restricciones sobre publicidad, entornos escolares y el uso de personajes infantiles en los envases.
Entre los principales fundamentos, el Gobierno critica el sistema binario actual por aplicar parámetros homogéneos sobre matrices alimentarias muy diferentes, sin considerar las porciones reales ni la densidad nutricional.

Según el Ejecutivo, esto genera situaciones inconsistentes dónde alimentos tradicionales y saludables reciben advertencias equivalentes a las de productos ultraprocesados, lo que termina confundiendo al consumidor.
Además, señalan que este modelo no ofrece incentivos para que la industria realice mejoras graduales en la composición de sus productos, ya que el sello se mantiene igual.
Por otro lado, el mensaje enviado al Parlamento advierte sobre el impacto negativo en el comercio regional. La falta de armonización en el Mercosur obliga a las empresas a fabricar envases diferenciados, una traba operativa que perjudica especialmente a las PyMEs debido a los altos costos fijos de cumplimiento, lo que podría concentrar el mercado.
Asimismo, se cuestiona la rigidez normativa de la ley vigente, cuyos aspectos técnicos incluidos en el texto impiden una adaptación ágil a los nuevos consensos científicos internacionales.

Finalmente, el Ejecutivo aclaró que la medida no dejará a los consumidores desinformados. La declaración obligatoria de azúcares, grasas, sodio y valor energético seguirá plenamente vigente a través del Código Alimentario Argentino y el sistema armonizado del Mercosur, respaldado por las leyes de defensa del consumidor y lealtad comercial.
Con estos argumentos, la Casa Rosada solicitó al Congreso el pronto tratamiento y sanción de la norma para avanzar hacia un esquema que consideran más consistente y adaptable.

