El Gobierno nacional de Javier Milei consolidó sus próximos compromisos de gestión macroeconómica ante el Fondo Monetario Internacional mediante la inclusión de metas estructurales específicas en el último memorando de políticas económicas y financieras, más allá de las críticas que le hizo este organismo y que publicó Argentina Informa. El documento técnico, que resume los consensos alcanzados con el staff del organismo multilateral, delimita los plazos y las condiciones bajo las cuales la administración central ejecutará las transformaciones de fondo en materia impositiva y previsional. De esta manera, el Palacio de Hacienda asumió la obligación de elevar un proyecto de reforma tributaria integral antes de que concluya el presente año, mientras que los cambios estructurales en el sistema de jubilaciones quedaron formalmente postergados para el período posterior a los comicios presidenciales de dos mil veintisiete.
La estrategia fiscal plasmada ante las autoridades del organismo internacional apunta a incrementar la eficiencia del régimen de recaudación a través de la simplificación normativa y la reducción paulatina de lo que el texto denomina gastos tributarios costosos. Aunque las metas estructurales evitan pormenorizar los gravámenes sujetos a modificación, el informe del staff técnico incluyó un diagnóstico crítico donde califica al entramado fiscal argentino como complejo, inestable y altamente distorsivo, remarcando que más de una cuarta parte de los ingresos públicos dependen de herramientas que penalizan el comercio exterior y las transacciones financieras. En esa línea, las recomendaciones de los técnicos orientan el debate hacia una ampliación de la base imponible del Impuesto a las Ganancias, el rediseño del esquema corporativo y del monotributo, y la sustitución progresiva del Impuesto a los Ingresos Brutos provinciales por un modelo de IVA dual que articule las esferas nacional y subnacional en coordinación con las provincias.
En el plano previsional, la decisión de fijar el inicio del debate legislativo hacia finales de diciembre de dos mil veintisiete representa una determinación de carácter eminentemente político por parte de la Casa Rosada. La conducción económica fundamentó esta postergación bajo la premisa de que una reforma sustentable del régimen jubilatorio requiere, como pasos previos indispensables, la consolidación de la formalidad laboral —esperada a partir de la implementación de las modificaciones en la legislación del sector— y el estímulo a la inversión privada derivado del ordenamiento tributario. No obstante, las proyecciones del organismo multilateral advierten sobre la urgencia de la materia, señalando que las erogaciones en pasividades absorben actualmente el cuarenta y cinco por ciento del presupuesto federal y que las presiones demográficas agudizarán la carga sobre las cuentas públicas a medida que el proceso de desinflación continúe su curso.
El esquema de compromisos asumidos de cara al mediano plazo contempla asimismo salvaguardas orientadas a blindar el denominado déficit cero. Para ello, el Poder Ejecutivo ratificó que la formulación del proyecto de Presupuesto para el próximo ejercicio se estructurará bajo reglas fiscales estrictas y proyecciones plurianuales que incluyan la ponderación de escenarios de riesgo macroeconómico. El entendimiento con las autoridades financieras internacionales se complementa con la promesa de instrumentar un sistema unificado de información fiscal para optimizar la fiscalización sobre los grandes contribuyentes, consolidando una agenda que supedita la velocidad de la desgravación impositiva al cumplimiento estricto de las metas de superávit.
