El escenario judicial y político de la Argentina asiste a un nuevo movimiento de piezas de alta sensibilidad. A través de la publicación en el Boletín Oficial, el gobierno nacional formalizó la designación de Ana María Juan como jueza a cargo del juzgado federal de Hurlingham, tras recibir la aprobación de su pliego en el Senado de la Nación. La medida, de fuerte impacto técnico, adquiere otra dimensión al analizar los lazos familiares de la flamante magistrada y el momento en que se produce su nombramiento.
Ana María Juan, quien cuenta con una extensa trayectoria como funcionaria de la Cámara Federal de Comodoro Py —donde se desempeñó como secretaria de la Sala I y estuvo a cargo de la oficina de implementación del sistema acusatorio— es la esposa de Marcelo Martínez De Giorgi, quién es el juez federal que actualmente instruye la causa en la que se investiga una presunta estafa piramidal mediante la criptomoneda $Libra, un expediente de alto voltaje político que involucra directamente al presidente Javier Milei.
La oficialización de la firma presidencial se produce apenas dos semanas después de que Martínez De Giorgi dictara una resolución crucial en el expediente $Libra, al aceptar el planteo de uno de los imputados y desplazar a las víctimas que actuaban en la causa bajo el rol de querellantes. Esta controvertida decisión, que deja a la fiscalía como única impulsora de la acción penal pública, ya fue apelada por los abogados de los damnificados para que sea revisada en una instancia superior.
El nombramiento también expone las contradicciones internas en los criterios de designación del Poder Ejecutivo. El juzgado de Hurlingham, para el cual fue designada Juan, todavía no está habilitado para funcionar. Para subsanar esto, el oficialismo justificó que, a pedido de la Cámara Federal de San Martín, la magistrada subrogará de forma transitoria otros tribunales de la zona, como los de Morón o Moreno. Sin embargo, el argumento de la «falta de habilitación» de los tribunales es el mismo que el Ministerio de Justicia utiliza para congelar el nombramiento de María Verónica Michelli en un tribunal oral de La Plata. Michelli es la cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon, quien ha publicado revelaciones críticas sobre el entorno oficial y la propia causa $Libra.
Este nombramiento no es un hecho aislado, sino que forma parte de una profunda reconfiguración en la Cámara Federal de Apelaciones, el tribunal clave que revisa las causas de corrupción y las decisiones de los jueces de primera instancia de Comodoro Py. El Poder Ejecutivo envió al Senado los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola —juez en lo Penal Económico y cercano al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques— para ocupar de manera titular dos vacantes en la crucial Sala I, la misma que deberá dirimir el futuro de los querellantes en la causa de la criptomoneda. Al mismo tiempo, el tribunal perderá a uno de sus miembros más históricos, Martín Irurzun, quien dejará su cargo al cumplir el límite constitucional de 75 años, luego de que el Gobierno rechazara su pedido de extensión por cinco años más.
