El mapa del comercio internacional volvió a sacudirse este jueves. En un movimiento estratégico para eludir las restricciones judiciales impuestos por los tribunales federales, el gobierno de Donald Trump anunció una nueva ola de aranceles globales que afectará al 99% del intercambio comercial de Estados Unidos. Las nuevas tasas, que oscilarán entre el 10% y el 12,5%, entrarán en vigor a partir del primer minuto del viernes, marcando la reactivación formal de la política proteccionista de la Casa Blanca.
La medida fue oficializada por el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, quien argumentó que la decisión surge tras una extensa investigación que incluyó audiencias públicas y más de 2000 comentarios del sector privado. El mecanismo legal elegido para esta etapa es la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite al Ejecutivo imponer sanciones comerciales a países que no apliquen o carezcan de normativas efectivas contra el trabajo forzoso.
Esta reformulación técnica responde a la caducidad de las tarifas temporales impuestas previamente bajo la Sección 122 —cuyo límite legal de 150 días expiraba esta semana— y al reciente revés propinado por la Corte Suprema de Estados Unidos, que invalidó la aplicación generalizada de gravámenes anteriores. Al vincular los aranceles a estándares laborales específicos, la Casa Blanca busca blindar jurídicamente su agenda proteccionista.
El esquema tarifario quedó segmentado en dos escalones. Por un lado, aquellos países identificados por el USTR como poseedores de marcos legales vigentes contra el trabajo forzoso recibirán un arancel base del 10%. En este grupo se encuentra la Argentina, nación que en febrero pasado había rubricado un acuerdo bilateral de comercio e inversión con la administración estadounidense. Por otro lado, los socios comerciales sin legislaciones alineadas a las exigencias de Washington deberán afrontar la alícuota superior del 12,5%.
En la Casa Rosada y el Palacio San Martín, la confirmación de la medida generó una mezcla de cautela y alivio relativo. Si bien el embate arancelario afecta las exportaciones locales, los funcionarios del equipo del canciller Pablo Quirno destacaron que el país haya quedado encuadrado en el piso inferior del 10%. El gobierno argentino aguarda los anexos normativos del USTR para determinar el listado definitivo de productos primarios e industriales que contarán con excepciones y evaluar el impacto real sobre la balanza comercial bilateral.
