El mapa financiero argentino exhibe una grieta cada vez más profunda, donde la necesidad de sostener el consumo diario chocó de frente con una pérdida de ingresos que parece no encontrar piso. La morosidad en el crédito concedido al sector privado completó en mayo de 2026 sus primeros 19 meses consecutivos de incremento. De acuerdo con el último relevamiento elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) a partir de los datos del Banco Central y de la Central de Deudores, la irregularidad del sistema bancario y de proveedores no financieros alcanzó un promedio general del 7,6%, una cifra que supera ampliamente los techos registrados en las últimas dos décadas.
Sin embargo, detrás de ese promedio conviven dos realidades marcadamente asimétricas. Mientras que las empresas registran un índice de mora del 3,0% —partiendo de un escaso 0,7% en octubre de 2024—, en el segmento de los hogares la situación ha tomado dimensiones dramáticas. La morosidad de las familias escaló al 12,3% en las entidades financieras tradicionales. El fenómeno responde centralmente al deterioro en el cumplimiento de los préstamos personales, que treparon al 14,9% de morosidad, y de los plásticos de crédito, que llegaron al 12,5%, explicando entre ambos el 73% del total de la cartera familiar en situación de incumplimiento.
La migración de las familias hacia alternativas informales o digitales para cubrir el bache de sus salarios terminó de encender las alarmas en el sector de las billeteras virtuales y las Fintech. En estas plataformas, el nivel de atraso superior a los 90 días trepó al 29,6% en mayo de 2026. Este número supera el pico histórico marcado en mayo de 2020, cuando las restricciones de la pandemia habían paralizado la actividad económica situando la mora no financiera en un 27,1%. Si se consolida la totalidad del sistema financiero, combinando bancos y billeteras, el 15,5% de las deudas del segmento familiar se encuentra actualmente en mora.
El trasfondo de este volumen crediticio comprometido refleja un cambio drástico en las conductas del mercado. Ante la creciente dificultad para cobrar y la falta de capacidad de repago de sus clientes, la banca privada optó por restringir la colocación de nuevas líneas. Esa reticencia obligó a un desplazamiento forzoso de los deudores hacia los proveedores no financieros, cuyas tasas de interés son sustancialmente más elevadas para compensar la falta de garantías y el mayor riesgo crediticio. En consecuencia, miles de usuarios recurren al endeudamiento digital con el objetivo de cancelar obligaciones bancarias, retroalimentando una espiral que escala rápidamente hacia niveles de insolvencia. Para mayo de 2026, la Central de Deudores contabilizaba 5,8 millones de morosos en el país sobre un universo de 20,9 millones de tomadores de crédito.
La dimensión geográfica y demográfica ofrece particularidades angustiantes. La región de Cuyo encabeza las mayores tasas de irregularidad crediticia. Provincias como La Rioja, San Luis y Catamarca lideran los índices de mora total, superando en varios casos el 20% de la cartera comprometida y mostrando a casi cuatro de cada diez deudores en situación irregular. En contraste, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe exhiben los registros más bajos. Por otro lado, la segmentación etaria expone con severidad la vulnerabilidad de la juventud. En la franja que va de los 18 a los 24 años, un abrumador 40,9% de los créditos otorgados se encuentra en condición de morosidad, traccionado mayoritariamente por la facilidad de acceso y el uso extendido de las aplicaciones financieras.
A la hora de ensayar un diagnóstico, la narrativa oficial suele atribuir esta crisis crediticia a fallas de educación financiera en la ciudadanía, falta de prudencia en la evaluación de riesgos por parte de los bancos o especulaciones fallidas ante las variaciones de las tasas de interés. Sin embargo, la evidencia estadística sugiere que el motor determinante radica en la dinámica de los ingresos. La escalada ininterrumpida de la mora coincide de forma idéntica con el estancamiento y la pérdida acumulada del salario real de los trabajadores, que desde fines de 2023 arrastra una severa contracción frente a la inflación. Cuando el haber mensual resulta insuficiente para cubrir la canasta básica y los servicios esenciales, el recurso al crédito deja de ser una herramienta de consumo para transformarse en un mecanismo de supervivencia cuyos costos, tarde o temprano, devienen insostenibles.
