En lo que representa un simbronazo de escala internacional para la cúpula del fútbol argentino, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) interceptaron al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y a integrantes de la comitiva oficial en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. El procedimiento se llevó a cabo el lunes 20 de julio, minutos antes de que la delegación abordara el vuelo chárter de regreso al país tras disputar la final del Mundial.
Durante el operativo, las autoridades federales estadounidenses incautaron teléfonos celulares, computadoras portátiles y diversos dispositivos electrónicos a Tapia y a otros dirigentes del Comité Ejecutivo. La intervención del FBI provocó la demora del vuelo AR 1971 de Aerolíneas Argentinas, cuyo despegue previsto para las 6:00 se postergó hasta pasadas las 8:15, alterando el cronograma del arribo del plantel subcampeón a Buenos Aires. Del vuelo no formaron parte Lionel Messi ni Rodrigo De Paul, quienes optaron por traslados privados.
Citación judicial y la mira puesta en TourProdEnter
Junto con la requisa de los dispositivos informáticos, la Justicia norteamericana le notificó a Claudio Tapia una citación formal para presentarse a declarar el próximo 30 de julio ante la Corte del Distrito Sur de Florida.
La causa judicial, impulsada por tribunales federales de Estados Unidos, investiga la red de contratos comerciales internacionales de la AFA y los circuitos de fondos administrados por la sociedad TourProdEnter LLC. Esta firma, vinculada al empresario y ex diputado Javier Faroni junto a su entorno familiar, operó como el agente comercial exclusivo de la entidad para el sponsoreo internacional, la venta de derechos de transmisión y la organización de partidos amistosos. La notificación judicial encomienda además a Tapia a presentar todas las comunicaciones mantenidas con el propio Faroni, el tesorero Pablo Toviggino y el dirigente Diego Lucero.
Según revelaron investigaciones periodísticas publicadas por Infobae, Clarín y La Nación, el expediente indaga la posible comisión de delitos de lavado de activos, evasión fiscal y fraude bancario. La pesquisa apunta al presunto desvío de más de 50 millones de dólares —de un flujo total cercano a los 300 millones gestionados en contratos internacionales— hacia una red de sociedades de responsabilidad limitada radicadas en Miami. Estas firmas habrían sido utilizadas para la compra de bienes inmuebles de lujo al contado en zonas exclusivas del sur de Florida, una operatoria que se tramita en simultáneo con expedientes en los tribunales federales de la Argentina.
