La estrategia judicial de Martín Insaurralde para enterrar el escándalo del «Yategate» entró en su etapa más agresiva. Apoyados en el voluminoso informe pericial de más de 600 páginas que llegó al expediente la semana pasada, los abogados defensores Fernando Pinto y Nicolás Maciel jugaron su primera carta fuerte: solicitaron formalmente al juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, el archivo definitivo de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Para la defensa, los números cierran; para la fiscalía de Sergio Mola, la investigación recién empieza a mostrar sus fisuras más profundas.
El argumento central de los abogados del exintendente se sostiene sobre una estructura conyugal: el patrimonio de Insaurralde no puede analizarse en soledad, sino como una «unidad económica» junto a su exesposa, la conductora y modelo Jesica Cirio. Según el escrito presentado, un préstamo de 250.000 dólares y dos millones de pesos realizado por Cirio a Insaurralde en enero de 2023 —meses antes del divorcio y del viaje a Marbella— es la llave que justifica el nivel de vida del exfuncionario. Los peritos de la Corte Suprema y de las partes corroboraron que Cirio contaba con activos suficientes para respaldar dicho movimiento, apalancada por ingresos internacionales de la firma Zumba Fitness LLC de Miami y una prolífica facturación publicitaria local.
Bajo esta lectura, la defensa asegura que el desfasaje patrimonial total analizado a lo largo de 15 años (2003-2023) se reduce a unos 19,8 millones de pesos, una cifra que consideran insignificante dentro del volumen familiar, e incluso aseguran que el ejercicio fiscal de 2023 cerró con un saldo positivo superior al millón de pesos. Con esos números, afirman, Insaurralde «tenía fondos suficientes» para subirse al yate Bandido en el mar Mediterráneo junto a Sofía Clerici.
Sin embargo, en los tribunales federales la palabra «pericia» no es sinónimo de «absolución». El fiscal Sergio Mola se plantó en la vereda opuesta y ya prepara el terreno para rechazar el archivo y avanzar hacia la declaración indagatoria de los imputados. Fuentes judiciales confirman que para la acusación el peritaje lejos está de limpiar la figura de Insaurralde; por el contrario, dejó al descubierto un entramado metodológico que levanta sospechas.
Uno de los datos más llamativos que expone el informe técnico es la opacidad en el cobro de los ingresos públicos de Insaurralde. Durante los períodos 2010-2013 y 2015-2016, los salarios del entonces intendente no pasaron por ninguna entidad bancaria. La propia Municipalidad de Lomas de Zamora admitió formalmente en el expediente que los haberes se abonaban en efectivo de forma directa. Si bien la modalidad no constituye un delito en sí misma, para los investigadores representa un agujero negro que impide trazar el destino real de los fondos corrientes.
A esto se le suma el rompecabezas de los viajes al exterior. El análisis de los peritos identificó un total de 161 tramos aéreos realizados por la pareja y de forma individual. En más de un tercio de esos vuelos, las aerolíneas y agencias no pudieron aportar documentación que acredite el costo real ni quién los pagó. Mientras la defensa argumenta que muchos fueron costeados por empresas como la concesionaria Armando J. Ríos SA (Mercedes-Benz) o invitaciones comerciales de Zumba, Mola mantiene activo un exhorto internacional a los Estados Unidos para rastrear el circuito financiero de las agencias de turismo de Miami, como Forest Travel Agency, encargadas de la logística de Marbella.
El capítulo de Sofía Clerici también divide las aguas. Los defensores celebran que la pericia no encontrara nexos directos entre Insaurralde y los 569.911 dólares en efectivo secuestrados en la casa de la modelo en Nordelta, ratificando la versión de Clerici de que ese dinero provenía de su trabajo como «acompañante de viajes» no registrado ante las autoridades fiscales. No obstante, las fotos de los costosos obsequios de lujo y un video pendiente de incorporación donde se exhiben fajos de billetes en un vestidor —que la fiscalía sospecha pertenece a la quinta de Insaurralde en San Vicente— siguen bajo la lupa criminal.
La pericia oficial, integrada por expertos de la Corte Suprema como Eleonora Feser y consultores de todas las partes involucradas, determinó también omisiones en las declaraciones del Impuesto a las Ganancias, créditos fiscales cruzados y la falta de registro de un aporte de capital en 2011 a la firma SASAXA LIBERO SA, la sociedad anónima clave vinculada a la propiedad de la mansión de San Vicente.
El destino procesal de Martín Insaurralde y Jesica Cirio entra ahora en una etapa de definición estrictamente jurídica. El juez Luis Armella deberá decidir si convalida el «salvavidas» financiero que la defensa le atribuye a los ingresos de Cirio o si atiende las alarmas impositivas y los baches de dinero en efectivo que el fiscal Mola pretende usar para sentar a los acusados en el banquillo.
