El debate sobre la infraestructura federal ha sumado un nuevo foco de conflicto tras la publicación del Decreto 253/2026, que habilita la provincialización de rutas nacionales bajo un esquema de peaje directo. Para el Comité Nacional en Defensa del Usuario Vial (CONADUV), esta decisión del Poder Ejecutivo Nacional representa una vulneración directa de la Constitución, ya que impone una carga económica a los ciudadanos sin haber pasado por el Congreso, el único órgano facultado para crear tributos.
La entidad sostiene que el traspaso de responsabilidades hacia las provincias se realiza de manera arbitraria y sin la transferencia presupuestaria correspondiente, lo que pone en riesgo no solo el estado de las rutas, sino también la seguridad vial en corredores estratégicos.
La crítica central radica en el modelo de financiamiento elegido. Según el organismo, el peaje, tal como está planteado, deja de ser una tasa por un servicio para convertirse en un impuesto encubierto que castiga doblemente al usuario, quien ya aporta al mantenimiento caminero a través del impuesto a los combustibles.
Esta situación de doble imposición afectaría directamente los costos logísticos de las economías regionales, reduciendo la competitividad de la producción nacional en un contexto económico de fragilidad. Además, advierten que la falta de caminos alternativos libres de pago convierte a la circulación por el territorio en un derecho restringido por la capacidad económica de quien transita.
Frente a lo que califican como un fracaso del sistema de concesiones viales, la propuesta de los defensores del usuario apunta a una política de Estado integral que fortalezca a la Dirección Nacional de Vialidad y garantice que los fondos específicos recaudados por gravámenes al combustible vuelvan efectivamente a la cinta asfáltica.
El conflicto plantea un interrogante sobre el futuro del federalismo y la logística en provincias como Entre Ríos, donde el estado de los enlaces terrestres es vital para la conexión con los mercados vecinos. Mientras la medida avanza en el plano administrativo, se prevé una judicialización del decreto basada en la defensa de los derechos de propiedad y libre tránsito consagrados en la Carta Magna.
