La demanda por una transformación profunda en la manera en que el Estado administra justicia ha cobrado una relevancia inusitada este fin de semana. En un gesto de fuerte carga simbólica, representantes de la Iglesia católica y destacados miembros de la magistratura nacional se reunieron en el Pequeño Cottolengo Don Orione para manifestar su preocupación por el rumbo actual de las políticas sociales y su impacto en el sistema legal.
Bajo la premisa de que el Poder Judicial debe abandonar su torre de marfil, el obispo Eduardo García y jueces de diversas instancias coincidieron en que la legitimidad del sistema depende de su capacidad para dejarse interpelar por las realidades de la periferia y el abandono.
Este llamado a la acción ocurre en un momento crítico, donde la atención a la discapacidad y la protección de quienes no poseen redes familiares enfrentan desafíos presupuestarios severos que amenazan con profundizar la brecha de la exclusión.
La jornada no solo sirvió como espacio de denuncia, sino también para reflexionar sobre las «Reglas Papa Francisco», un conjunto de pautas que buscan humanizar el trato hacia las personas marginadas dentro del proceso judicial. La presencia de figuras como Agustina Díaz Cordero, Alejandro Slokar y Andrés Basso subraya que la inquietud por una justicia más empática atraviesa los niveles más altos del Consejo de la Magistratura y las asociaciones de magistrados.
