La investigación por el patrimonio del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha ingresado en una fase técnica decisiva tras la incorporación de nuevas pruebas que vinculan al funcionario con el mercado de activos digitales. En las últimas horas, el fiscal federal Gerardo Pollicita comenzó a analizar una serie de reportes provenientes de plataformas de intercambio de criptomonedas, los cuales confirman la existencia de movimientos de fondos que no habrían estado plenamente documentados en sus perfiles financieros previos.
Si bien las primeras filtraciones desde los tribunales de Comodoro Py sugieren que los montos operados en este ecosistema son menores en comparación con el volumen de efectivo que se investiga, el hallazgo abre un nuevo frente sobre la trazabilidad de su riqueza.
Este avance judicial es el resultado directo de una batería de medidas impulsadas hace un mes, cuando el juez Ariel Lijo autorizó el levantamiento del secreto bancario, financiero y fiscal no solo de Adorni, sino también de su esposa, Bettina Angeletti, y de las estructuras societarias que comparten, como AS Innovación Profesional y la consultora MasBe.
El requerimiento del fiscal al Banco Central de la República Argentina ha sido exhaustivo, abarcando un registro histórico que se remonta a enero de 2022 y que incluye desde cajas de seguridad hasta plazos fijos y tarjetas de crédito. Sin embargo, es el capítulo de las «billeteras virtuales» el que ha generado mayor impacto político, al revelar un uso de herramientas financieras que escapan a los controles tradicionales.
En el entorno de la Casa Rosada, el impacto de la noticia ha sido contenido por un fuerte gesto de respaldo del presidente Javier Milei, quien en las últimas reuniones de gabinete ratificó su confianza en el funcionario a pesar del creciente malestar entre otros ministros por la exposición negativa del caso.
Adorni, por su parte, ha optado por un perfil bajo respecto a la evolución del expediente, evitando dar precisiones sobre la fecha de presentación de su declaración jurada integral, un documento que la Justicia espera para cotejar con los datos que siguen llegando desde las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago.
El desafío para la fiscalía radica ahora en reconstruir el origen de los fondos utilizados para estas operaciones digitales. Los investigadores no descartan solicitar nuevas medidas de prueba para determinar si estos activos virtuales fueron utilizados como vehículos de ahorro o como parte de una estructura de gastos más compleja.
Mientras tanto, la causa continúa su curso bajo la mirada atenta de una opinión pública sensible a la transparencia de los principales cuadros del Poder Ejecutivo, en un contexto donde cada movimiento financiero bajo sospecha debilita la narrativa oficial de austeridad.
