La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción a la iniciativa del Poder Ejecutivo por la que se modifican normativas que aceleran los procesos de desadjudicación y recuperación de viviendas sociales ante casos de falta de pago, abandono o uso irregular de los inmuebles.
La norma propone quitarle la casa a deudores a través de una serie de modificaciones a las leyes N° 4203 (funcionamiento del IPV) y N° 9001 (Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza), respectivamente.
El IPV “es el organismo encargado de instrumentar la política de vivienda social en la provincia, y esta política reconoce como eje central el principio de función social de la propiedad, en virtud del cual las unidades habitacionales construidas o financiadas total o parcialmente por el Estado deben destinarse efectivamente a satisfacer necesidades habitacionales de sectores que no pueden acceder a soluciones en el mercado”, señala la fundamentación.
Todos los programas que desarrolla el Instituto de la Vivienda de Mendoza establecen como criterio de priorización a “los grupos familiares cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimo vital y móvil, lo que marca un equilibrio entre la devolución del crédito y la asistencia social”, que necesariamente requiere de “un alto acatamiento a las condiciones contractuales establecidas para poder otorgar los beneficios habitacionales a nuevos beneficiarios”, añade el texto.
Por ende, agrega, el sistema de vivienda social se sustenta en el cumplimiento recíproco de obligaciones: el Estado facilita el acceso al hábitat y el beneficiario asume el compromiso de pago y la ocupación efectiva. “Este esquema exige un adecuado cumplimiento de las condiciones contractuales, a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema y la equitativa asignación de recursos públicos”.
En ese sentido, expone que sin perjuicio de ello, “se han detectado supuestos de incumplimiento por parte de los beneficiarios, ya sea por mora persistente o por abandono del inmueble, desnaturalizando la función social de la vivienda y perjudicando a miles de ciudadanos en lista de espera. Estos casos han derivado en procedimientos en los cuales se ha resuelto la desadjudicación del plan de vivienda, siendo por ende necesaria la recuperación efectiva del inmueble de una manera ágil y eficiente para que esa vivienda sea adjudicada a posibles beneficiarios dispuestos a honrar los compromisos determinados por el lPV”.
Buscan que el IPV desadjudique casa
La propuesta del Poder Ejecutivo busca optimizar el sistema de viviendas sociales en Mendoza mediante una reforma integral que permita recuperar los inmuebles de aquellos beneficiarios que no cumplan con las obligaciones exigidas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El fundamento central de esta iniciativa es garantizar que las unidades habitacionales financiadas por el Estado cumplan efectivamente con su función social y lleguen a las familias que más lo necesitan.
Para lograrlo, el proyecto plantea modificar el artículo 14 de la Ley N° 4203, facultando al IPV a iniciar juicios de desalojo una vez que exista una desadjudicación firme por incumplimiento. El objetivo es agilizar el recupero de estas viviendas a través de un proceso más simple, interoperable y previsible.
En sintonía con esto, la reforma contempla modificaciones en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la provincia (Ley N° 9001). Específicamente, se propone sustituir el punto 1 del inciso B del Artículo 5 e incorporar el inciso m) al Artículo 232 para incluir expresamente los desalojos y restituciones derivados de resoluciones administrativas del IPV.
Bajo este nuevo esquema, las causas tramitarán ante la Justicia de Paz Letrada. La elección de este fuero se fundamenta en su proximidad territorial y en que estos tribunales disponen de herramientas más ágiles para resolver procesos de menor complejidad, acelerando notablemente los plazos judiciales.
