La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se encuentra en el centro de una profunda controversia institucional tras conocerse la designación de 22 agentes bajo justificaciones basadas estrictamente en razones de parentesco. La medida genera un fuerte impacto político y administrativo debido a que colisiona de forma directa con las directivas gubernamentales vigentes, las cuales prohíben explícitamente los nombramientos basados en linaje o la «herencia» de puestos vacantes en el Estado tras el fallecimiento o retiro de un familiar. Esta situación se inscribe en un marco de tensión interna creciente dentro del organismo recaudador, donde las bases gremiales y los técnicos de carrera denuncian una ola de recategorizaciones y nombramientos discrecionales que alteran los escalafones más altos y vulneran los principios de idoneidad y antigüedad regulados por el convenio colectivo de trabajo.
Los nombramientos bajo la lupa exponen las profundas contradicciones entre la retórica oficial de transparencia y las prácticas cotidianas de la gestión de personal en áreas clave del Estado. Mientras las normativas del Poder Ejecutivo buscan desterrar el nepotismo para profesionalizar la administración pública, las designaciones en la estructura de la ex-AFIP reabren el debate sobre los feudos laborales y los privilegios de sangre en los organismos autárquicos. Empleados de carrera señalan que estas incorporaciones facilitan el acceso a salarios extraordinarios, potenciados por los millonarios fondos de jerarquización institucionales, a personas que en muchos casos no cumplen con las certificaciones universitarias ni las competencias técnicas exigidas para las bandas salariales otorgadas.
Desde la cúpula directiva del ente, conducido por Andrés Vázquez, intentan relativizar los cuestionamientos argumentando el cumplimiento formal de las normativas procedimentales internas de la AFIP y la Aduana, amparándose en derechos adquiridos o vacantes históricas de regímenes previos. Sin embargo, la acumulación de legajos con apellidos coincidentes y la velocidad de los ascensos en favor de familiares directos de funcionarios de alto rango debilitan la defensa oficial. La controversia no solo daña la moral interna de un organismo encargado de fiscalizar la transparencia económica del país, sino que además expone la debilidad de los decretos antinepotismo cuando se enfrentan a las arraigadas lógicas de poder que dominan las estructuras del control aduanero y tributario argentino.
