La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes una recusación formal contra los magistrados Víctor Arturo Pesino y María Dora González, integrantes de la Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía 82 artículos de la reforma laboral. La central obrera fundamentó su pedido en la “nulidad absoluta” de la resolución y acusó a los jueces de prejuzgamiento.
En su presentación, la CGT sostiene que ambos magistrados adelantaron su opinión sobre el fondo de la cuestión al afirmar, en su fallo, que la reforma no afecta a “sectores socialmente vulnerables” ni compromete la “vida digna”. Para el gremio, estos argumentos no solo son erróneos, sino que demuestran una parcialidad manifiesta al desconocer la condición de vulnerabilidad de los trabajadores en relación de dependencia.
Cuestionamientos éticos y conflicto de intereses
El escrito legal pone especial énfasis en la figura del juez Víctor Arturo Pesino. La CGT denunció una “inconsecuencia” ética, vinculando el fallo favorable a la postura del Estado nacional con la reciente publicación en el Boletín Oficial que le permite continuar en su cargo por cinco años más, tras haber superado los 75 años de edad.
Para la central sindical, este hecho constituye una falta de imparcialidad que “avergüenza la tradición de la Justicia Nacional del Trabajo” y representa un golpe a la credibilidad del Estado de Derecho. Según la presentación, la contraprestación entre el beneficio obtenido por el magistrado y su decisión judicial es un motivo objetivo de apartamiento.
Acciones a futuro
Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT, calificó la situación como una “aberración” y ratificó la estrategia del equipo jurídico del gremio. “Esto genera un manto de duda y sospecha que no vamos a dejar pasar”, afirmó el dirigente, quien confirmó que, además de la recusación, se ha planteado la nulidad de la sentencia para intentar revertir el restablecimiento de la normativa laboral.
