En los pasillos de Comodoro Py, el silencio suele ser el preludio de las tormentas judiciales más severas. Esta semana, esa calma se rompió con el testimonio de Matías Tabar, el contratista encargado de transformar la vivienda de Manuel Adorni en el exclusivo country Indio Cua. Lo que comenzó como una investigación sobre la evolución patrimonial del funcionario ha derivado en un inventario detallado de lujos y excesos que parecen difíciles de conciliar con sus ingresos declarados.
Según la declaración a la que tuvo acceso la Justicia, una obra presupuestada inicialmente en 95.000 dólares escaló hasta los 245.929 dólares debido a los constantes requerimientos de materiales premium y adicionales solicitados por el vocero y su esposa. El dato más sensible para los investigadores no es solo la cifra, sino la modalidad de pago: el constructor aseguró que la totalidad de los desembolsos se realizó en efectivo, en billetes estadounidenses y sin la emisión de una sola factura.
La descripción de las reformas ofrece una ventana a un estándar de vida que Tabar documentó mediante una planilla de Excel titulada con los nombres del matrimonio. El listado incluye una pileta climatizada que demandó 9.000 dólares, coronada por una cascada de 3.500 dólares y un jacuzzi cuyos apoyacabezas específicos costaron 90 dólares por unidad.
El despliegue de confort continuó en el interior de la finca con aberturas de alta gama por más de 33.000 dólares y una carpintería a medida que superó los 40.000 dólares, incluyendo bibliotecas de diseño y una imponente parrilla con frente de acero inoxidable valuada en 14.000 dólares. Estas cifras, que el testigo respaldó con fotos, renders y capturas de conversaciones de WhatsApp, ponen bajo la lupa la capacidad de ahorro de un funcionario que, hasta hace poco, presentaba una realidad financiera mucho más austera en sus declaraciones públicas.
El testimonio también arrojó sombras sobre la conducta del vocero presidencial frente al avance de la causa. Tabar reveló ante el juez que recibió intentos de contacto por parte de Adorni a través de mensajes temporales de WhatsApp poco antes de su citación judicial.
En esas comunicaciones, el funcionario le habría ofrecido «ayuda» o el contacto con sus propios técnicos, una maniobra que el constructor interpretó como un riesgo para su propia situación legal y decidió rechazar para presentarse como testigo colaborador. Con esta prueba documental y testimonial sobre la mesa, la Justicia deberá determinar ahora el origen de los fondos utilizados para financiar un nivel de vida que, entre cascadas y apoyacabezas de diseño, ha dejado una huella indeleble en los registros de un contratista que decidió no callar.
