El senador provincial y referente de Fuerza Patria, Mario Ishii, presentó un proyecto legislativo orientado a declarar formalmente la emergencia alimentaria en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa surge como una respuesta directa a lo que el legislador califica como una «profunda crisis social» que demanda una reasignación inmediata de recursos públicos hacia la asistencia directa.
Desde su posición como vicepresidente de la Cámara de Senadores, Ishii subrayó que la asignación presupuestaria debe ajustarse a la realidad del distrito, priorizando el acceso a la alimentación por sobre obras o erogaciones que no revistan carácter de urgencia para la subsistencia de la población. El pedido se fundamenta en un «mandato ético y constitucional» ante un escenario donde amplios sectores bonaerenses no logran cubrir sus necesidades básicas debido a un deterioro acelerado de las condiciones de vida.
El diagnóstico económico: la advertencia de Ricardo Arriazu
La urgencia planteada por Ishii coincide con las recientes advertencias del economista Ricardo Arriazu, quien alertó sobre la crítica situación laboral y social que atraviesa el Gran Buenos Aires (GBA). Para el analista, el desempleo en el conurbano representa el mayor riesgo político y social en la actual transición económica.
Arriazu destacó que la desocupación en el GBA alcanzó el 9,5% al cierre de 2025, superando por dos puntos el promedio nacional. Según el economista, la transición hacia sectores exportadores dinámicos, como la energía y la minería, no compensa la rápida destrucción de empleo en la industria y el comercio, sectores que hoy se encuentran «planchados».
Arriazu enfatizó que el cambio de reglas de juego ha dejado a vastos sectores en el «daño», generando bolsones de pobreza y descontento que requieren mecanismos de compensación social, como asistencia directa y obra pública focalizada.
Impacto en los sectores vulnerables
El proyecto de Ishii hace especial hincapié en que la vulnerabilidad social impacta con mayor intensidad en niños, adolescentes, adultos mayores y trabajadores informales. El legislador propone designar al Poder Ejecutivo provincial como autoridad de aplicación para instrumentar esta emergencia, bajo la premisa de que «ningún recurso público puede ser asignado sin considerar su impacto social inmediato» en un contexto de extrema gravedad.
Este panorama de fragilidad social en el corazón productivo del país constituye, en palabras de Arriazu, el «cuello de botella» que definirá la viabilidad de la estabilidad económica y el clima político del próximo año.
