En un escenario de creciente tensión política, una parte sustancial de la oposición en la Cámara de Diputados ha decidido elevar la apuesta frente a las sospechas que rodean el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La convocatoria a una sesión especial, fijada para el próximo 14 de mayo, busca romper el letargo administrativo en el que se encuentran los proyectos de interpelación al funcionario, tras las recientes revelaciones sobre gastos suntuarios y operaciones inmobiliarias que hoy están bajo la lupa de la justicia por presunto enriquecimiento ilícito.
La iniciativa es liderada por el bloque Provincias Unidas, bajo el impulso de figuras como el socialista Esteban Paulón, y cuenta con el respaldo de Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la izquierda.
El peronismo, bajo la conducción de Germán Martínez, ha optado por un rol de acompañamiento estratégico: aunque evitó firmar el pedido inicial para no polarizar la jugada, se da por descontado su aporte al quórum, dado que el propio Martínez es autor de una de las cuatro iniciativas que pretenden sentar al jefe de Gabinete en el recinto.
La estrategia legislativa responde a una aritmética parlamentaria rigurosa. Ante la imposibilidad de alcanzar los dos tercios necesarios para aprobar la interpelación de forma directa y sin dictamen, los bloques opositores apuestan a una maniobra de emplazamiento.
El objetivo de la sesión es obligar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento —ambas presididas por el oficialismo— a emitir dictamen en un plazo perentorio. De lograrlo, la oposición podría luego aprobar la citación de Adorni con una mayoría simple, un número significativamente más accesible que el requerido para un tratamiento sobre tablas.
Sin embargo, el camino hacia las 129 voluntades necesarias para iniciar el debate no está exento de obstáculos. La Libertad Avanza ha consolidado en las últimas semanas una base más robusta mediante alianzas con sectores del PRO, la UCR y acuerdos específicos con gobernadores.
La ausencia de firmas clave, como la de la santafesina Gisela Scaglia o los legisladores que responden al cordobés Martín Llaryora, evidencia que el Gobierno mantiene canales de negociación abiertos que podrían desactivar la ofensiva. Para los promotores de la sesión, el jueves será una jornada de definiciones éticas que obligará a cada diputado a exponer si está dispuesto a blindar la gestión del jefe de Gabinete o si permitirá que el Congreso ejerza su rol de control sobre las sospechas de corrupción que sacuden la estructura ministerial.
