La provincia de Santa Fe ha decidido implementar una medida drástica para frenar la creciente ola de intimidaciones públicas que afecta a los establecimientos educativos. Ante un escenario crítico que registró 158 intervenciones de seguridad en apenas cinco días —incluyendo una jornada récord con 78 llamados al 911—, el Ministerio de Justicia y Seguridad anunció que los padres o tutores de los menores involucrados deberán afrontar multas de entre 5 y 6 millones de pesos por cada operativo activado.
Desde la cartera de seguridad, la secretaria Georgina Orciani justificó la rigurosidad de la sanción argumentando que estos recursos provienen del aporte tributario de todos los ciudadanos y que su dispensa para atender «caprichos de irresponsables» constituye un delito. Además, se advirtió que cada falsa amenaza desvía patrulleros y personal de tareas de prevención real en las calles, dejando a la sociedad sin cobertura ante situaciones delictivas efectivas. «Cuando nos duele el bolsillo reaccionamos», sentenció la funcionaria.
El impacto de este fenómeno, que las autoridades vinculan con «retos» virales de plataformas como TikTok, ha modificado la rutina escolar. En algunas localidades, los alumnos ahora asisten a clases con útiles en bolsas de nylon transparentes para agilizar los controles de ingreso. Mientras tanto, en Rosario, instituciones como la Escuela Ovidio Lagos han tenido que realizar reuniones de urgencia tras detectar amenazas consecutivas en sus instalaciones.
Especialistas en convivencia escolar señalan que estas reacciones, aunque necesarias en términos de seguridad, son «parches» ante una violencia estructural. Advierten que los menores están expuestos a entornos digitales donde se glorifican masacres, lo que exige una política integral de convivencia que exceda los controles físicos. Pese a la tensión, el gobierno provincial ratificó que las clases continuarán con normalidad, subrayando que la educación no puede ser rehén de estas acciones criminales.
