En el corazón del complejo agroexportador más importante del país, el contraste entre la eficiencia tecnológica de las terminales portuarias y el estado calamitoso de los caminos que conducen a ellas ha llegado a un punto de quiebre.
En respuesta a este escenario de asimetría estructural, el Gobierno de Santa Fe ha decidido tomar la iniciativa mediante la creación de un fideicomiso financiero, una herramienta que pretende blindar los recursos destinados a la obra pública frente a los vaivenes de la política y la economía nacional.
La propuesta, consensuada entre la administración provincial, los intendentes de la región y representantes del sector privado, busca dar una respuesta técnica y definitiva a la llegada anual de más de dos millones de camiones que, provenientes de trece provincias distintas, congestionan y degradan la red vial santafesina durante cada campaña agrícola.
El núcleo de la estrategia reside en la implementación de un sistema único de percepción de ingresos, un peaje unificado que simplificaría la actual atomización de tasas municipales y controles dispersos. Según trascendió de los encuentros encabezados por el gobernador Maximiliano Pullaro y sus ministros de Obras Públicas y Desarrollo Productivo, la idea es aplicar una tarifa variable estimada en un dólar con cincuenta centavos por tonelada transportada.
Estos fondos no ingresarían a las arcas generales del Estado para ser diluidos en el gasto corriente, sino que se canalizarían directamente hacia un fideicomiso con fines específicos: el mantenimiento, la ampliación de calzadas, la construcción de rotondas y la mejora de los accesos críticos a los puertos. Este esquema de afectación específica es, precisamente, el argumento con el que el Ejecutivo busca seducir a una Legislatura que deberá debatir el proyecto de ley en el corto plazo.
Sin embargo, el anuncio no ha estado exento de tensiones, especialmente en lo que respecta al costo logístico. Si bien desde el sector agroexportador se coincide en que la falta de infraestructura es hoy un «impuesto oculto» que genera demoras, roturas de vehículos y riesgos de seguridad vial, entidades como la Sociedad Rural Argentina han puesto reparos sobre la naturaleza del financiamiento.
El temor radica en que este peaje unificado se convierta en una carga impositiva adicional que termine siendo trasladada al productor primario, quien ya soporta una de las presiones fiscales más altas de la región. El desafío para el gobierno santafesino será demostrar que la mejora en la competitividad derivada de rutas transitables y seguras compensará con creces el costo del nuevo canon.
En última instancia, el proyecto de Santa Fe representa un intento de autonomía provincial ante la retirada de la inversión federal en infraestructura. Al proponer un modelo donde el usuario de la vía financia directamente la obra que utiliza, la gestión de Pullaro no solo busca pavimentar los accesos al Paraná, sino también sentar un precedente sobre cómo gestionar recursos estratégicos en un país que, históricamente, ha fallado en reinvertir la riqueza del campo en el territorio que la produce.
La mirada ahora está puesta en los detalles de la letra chica que llegará al recinto legislativo, donde se definirá si esta ambiciosa ingeniería financiera logra finalmente destrabar el nudo logístico que asfixia al motor exportador del país.
