La interna en la cúpula del poder central ha sumado un elemento de máxima tensión institucional que promete reconfigurar las alianzas en el Congreso. La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, alteró por completo el tablero político del oficialismo al recibir en su propio despacho, bajo un estricto hermetismo, a la doctora María Verónica Michelli. Se trata de la postulante a una judicatura federal cuya nominación fue explícitamente vetada por las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, quienes habían instruido formalmente retirar su pliego del Senado tras argumentar objeciones políticas ligadas a su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon. Con este gesto de altísimo voltaje político, concretado en las horas previas a las definiciones clave de la sesión legislativa, la presidenta del Senado se desmarca abiertamente de la línea trazada por Javier Milei y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, exhibiendo su autonomía de gestión ante la mirada de propios y ajenos.
Desde el entorno más cercano a la titular de la Cámara alta defendieron la legitimidad del encuentro argumentando razones estrictamente parlamentarias y republicanas, al señalar que la postulación en cuestión ya cuenta con las firmas reglamentarias de comisión exigidas para habilitar su posterior votación y aprobación en el recinto.
Los allegados a la funcionaria enfatizaron que su rol exige un perfil fuertemente institucional y de respeto a los procedimientos legales que excede las decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, lanzando una dura crítica hacia los modos de conducción de la Casa Rosada al afirmar que el republicanismo debe ejercerse con hechos concretos y no meramente ante las cámaras de televisión. Mientras el Gobierno nacional asiste a un clima de fuerte inestabilidad en sus bloques legislativos que incluye renuncias de autoridades parlamentarias clave, esta jugada de la vicepresidenta no solo ratifica su distanciamiento con el núcleo duro del Gobierno, sino que amenaza con desatar una crisis de gobernabilidad interna de alcances aún impredecibles para el futuro de las reformas judiciales en el país.
