La causa por presunto enriquecimiento ilícito que rodea a Manuel Adorni ha sumado un capítulo determinante tras la reciente declaración testimonial de José Luis Rodríguez, propietario y vecino del country Indio Cuá. Ante el fiscal Gerardo Pollicita, Rodríguez detalló que el actual jefe de Gabinete mantuvo un acuerdo de alquiler que se extendió por 18 meses, involucrando pagos por un total de 21.000 dólares realizados íntegramente en efectivo.
Esta revelación no solo confirma testimonios previos, sino que amplía el mapa de gastos del funcionario durante su primer año en la gestión pública, sumando nuevas cifras que hasta ahora permanecían fuera del radar de los investigadores.
El vínculo comercial entre el propietario y el funcionario comenzó antes de que Adorni asumiera su cargo estratégico en el Ejecutivo, con una locación estival durante enero y febrero de 2024 por 5.600 dólares. Sin embargo, el foco judicial se posa sobre el tramo posterior, cuando ya en ejercicio de sus funciones en el gobierno de Javier Milei, Adorni suscribió un contrato por 13.000 dólares que luego se extendió mediante un arreglo de palabra por otros tres meses adicionales, a razón de 800 dólares mensuales.
Estos pagos, efectuados bajo una modalidad de mano en mano, se produjeron mientras el jefe de Gabinete supervisaba las ambiciosas reformas en la propiedad que adquirió en el mismo club de campo Indio Cuá una obra que, según el contratista Matías Tabar, demandó una inversión cercana a los 245.000 dólares para la instalación de pisos nuevos y una pileta con cascada.
La Justicia analiza ahora si existe una correlación lógica entre los ingresos declarados por el funcionario y este ritmo de gastos, que incluye además préstamos privados de alta singularidad. El expediente resalta que para la compra de su vivienda, Adorni recurrió a un crédito no bancario de 100.000 dólares otorgado por dos mujeres policías a quienes no conocía previamente, un esquema financiero que se repitió con la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito. En esa operación, el funcionario logró que dos vendedoras jubiladas le financiaran el 85 por ciento del valor del inmueble sin el cobro de intereses, una facilidad comercial que la fiscalía observa con detenimiento.
Con estos nuevos elementos, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero deberá determinar si el patrimonio del vocero presidencial devenido en jefe de Gabinete encuentra una justificación legal o si, por el contrario, se encamina hacia un requerimiento formal de justificación patrimonial.
