La justicia de la provincia de Santa Fe cerró un capítulo sombrío sobre el funcionamiento interno de las fuerzas de seguridad provinciales al condenar formalmente a Facundo Exequiel Fernández, quien hasta hace poco tiempo se desempeñaba como la segunda autoridad máxima en la Comisaría 8ª.
En un fallo que expone la vulnerabilidad del sistema de custodia, Fernández admitió haber utilizado su cargo para montar un esquema de recaudación ilegal basado en la concesión de privilegios para quienes se encontraban privados de su libertad bajo su vigilancia.
La investigación, liderada por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, logró determinar que el exfuncionario policial incurrió en los delitos de cohecho pasivo y exacciones ilegales. Bajo su mando, la seccional se convirtió en un escenario donde los reglamentos internos tenían precio. S
egún las pruebas recolectadas, Fernández exigía pagos monetarios a los familiares de los internos a cambio de permitir el ingreso de elementos estrictamente prohibidos, como teléfonos celulares, o facilitar visitas fuera de los días y horarios establecidos por la normativa vigente.
El desenlace judicial se produjo mediante un procedimiento abreviado, una instancia donde el imputado asume la responsabilidad de los hechos para evitar el juicio oral, aceptando la pena propuesta por el Ministerio Público de la Acusación.
El juez interviniente ratificó la condena de tres años de prisión de ejecución condicional, lo cual permite al exoficial mantener su libertad ambulatoria siempre que cumpla con reglas de conducta estrictas, como el sometimiento al control de la Dirección Provincial de Asistencia Pos-Penitenciaria y la fijación de un domicilio estable.
Sin embargo, la sanción más contundente desde el punto de vista institucional es la inhabilitación especial perpetua. Esta medida garantiza que el ahora condenado no podrá volver a vestir el uniforme ni ocupar ninguna función dentro del aparato estatal, marcando un límite ético necesario ante la gravedad de comercializar «favores» en un ámbito tan sensible como el de la seguridad pública.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la necesidad de mayores mecanismos de control interno para evitar que las dependencias policiales funcionen como espacios donde la ley se negocia según la capacidad económica de los detenidos.
