La gestión de la infraestructura escolar en la ciudad de Córdoba ha quedado bajo un severo cuestionamiento judicial tras la presentación de una denuncia penal que apunta directamente al corazón del Ministerio de Educación. Un grupo de legisladores opositores ha llevado ante los Tribunales un voluminoso expediente que detalla un presunto esquema de irregularidades en la contratación de obras de mantenimiento, donde el gasto ejecutado parece no tener correlato con la realidad de las aulas. En el centro de la tormenta se encuentra el ministro Horacio Ferreyra, señalado por el posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de una estructura de gastos que supera los 117 mil millones de pesos entre los años 2024 y 2025.
El eje del escándalo radica en una mecánica de contrataciones que los denunciantes califican de injustificable y que el propio Tribunal de Cuentas provincial ha observado como una «aparente desorganización administrativa». La cronología de los fondos es elocuente: en mayo de 2024, se adjudicó una licitación por 9.800 millones de pesos que, tras 51 redeterminaciones de precios, escaló a los 13.300 millones. Sin embargo, apenas siete meses después y sin que las mejoras fueran evidentes, el Ministerio impulsó una nueva compulsa por idénticos servicios, esta vez por 23.600 millones, cifra que terminó disparándose por encima de los 53.000 millones tras sucesivas prórrogas y actualizaciones.
A este vertiginoso flujo de fondos se le suman otros 31.000 millones de pesos en compulsas abreviadas para reparaciones básicas —techos, gas, electricidad y pintura— y casi 20.000 millones adicionales destinados específicamente al suministro de gas. A pesar de esta inyección de recursos, la realidad que muestran las fotografías incorporadas a la denuncia es devastadora: escuelas en condiciones «ruinosas», techos colapsados y baños inutilizables. Resulta particularmente alarmante que, según los expedientes citados, el 64% de los establecimientos de la Capital presenta problemas de gas, con casos que arrastran una década de desidia oficial.
La Justicia deberá determinar ahora si existió una superposición deliberada de obras en los mismos colegios, tal como advirtió el Tribunal de Cuentas al detectar la falta de una estrategia unificada de intervención. Para los legisladores denunciantes, la brecha entre los presupuestos multimillonarios autorizados y el peligroso estado de los edificios —que pone en riesgo a alumnos y docentes— no puede explicarse meramente por la inflación. El planteo judicial busca transparentar el destino final de fondos que, en teoría, debían garantizar el derecho a una educación digna y segura, pero que terminaron alimentando un laberinto administrativo de dudosa eficacia.
