La lupa judicial y social se posó nuevamente sobre el patrimonio de Manuel Adorni tras la filtración de los costos de una exclusiva estadía en la Patagonia. En un contexto marcado por la fuerte austeridad que el actual jefe de Gabinete pregona desde el púlpito oficial, el desembolso de casi diez millones de pesos para un viaje de apenas cinco días junto a su familia en junio de 2024 encendió las alarmas por la falta de correlación entre los gastos exhibidos y los ingresos declarados por el funcionario y su esposa en aquel periodo.
El corazón de la controversia radica en la estadía en el emblemático hotel Llao Llao, donde la familia Adorni se alojó en una suite de lujo recientemente remodelada, sumando un gasto de cinco millones de pesos que se complementó con pasajes aéreos de alto costo. El total de la escapada a Bariloche ascendió a $9.104.769,97. En ese momento, Adorni era vocero de Javier Milei y percibía un salario neto de menos de tres millones de pesos. Su esposa era monotributista y estaba inscripta en una de las categorías más bajas.
Sin embargo, el detalle que más suspicacias generó en los tribunales no fue solo el monto total, sino la particular ingeniería financiera del viaje: según los registros, la cuenta no fue abonada al momento del check-out, sino que se canceló mediante una transferencia bancaria realizada tres meses después. Esta modalidad de pago diferido, poco frecuente para el turismo de elite, es interpretada por los investigadores como un beneficio excepcional que amerita una revisión sobre posibles incompatibilidades.
Esta revelación no es un hecho aislado, sino que se suma a un expediente más amplio que analiza otros desplazamientos de lujo a destinos como Aruba y Punta del Este. Mientras la Justicia intenta determinar si la evolución patrimonial del funcionario guarda consistencia con este nivel de vida, la filtración de estos documentos profundiza la erosión del discurso oficial de «no hay plata».
La publicación de estos gastos, que ahora forman parte del debate público en Mendoza y el resto del país, pone en tensión la imagen de un funcionariado que, mientras solicita sacrificios económicos a la ciudadanía, sostiene consumos que resultan inalcanzables para la inmensa mayoría de los argentinos.
