Siete años después de una de las jornadas electorales más polémicas de la quinta sección bonaerense, la justicia federal dio un paso determinante contra la cúpula política de Maipú. El juez Alejo Ramos Padilla dictó el procesamiento del intendente Matías Rappallini y de su exsecretaria de Gobierno, Lorena Otermín —quien actualmente ejerce como intendenta interina—, al considerarlos responsables de coordinar una maniobra sistemática para sustraer documentos de identidad a ciudadanos y así impedirles emitir su voto en los comicios de 2019.
La resolución judicial describe un mecanismo centrado en la vulnerabilidad: el esquema consistía en retener los DNI de al menos 27 personas, mayoritariamente mujeres en situaciones económicas precarias, mediante engaños o promesas de dinero y alimentos. Esta estructura, que la Cámara Nacional Electoral ya había calificado como un mecanismo organizado para intervenir en el proceso democrático, buscaba asegurar la continuidad del poder en un distrito donde la diferencia final fue de apenas 49 votos a favor de Rappallini.
Matías Rappallini, perteneciente a una familia de fuerte peso empresarial vinculada a la firma cosmética Gigot y a la minera San Jorge, se encuentra actualmente de licencia indefinida desde 2024 para dedicarse a sus negocios privados. Pese a estar alejado del despacho municipal, el procesamiento lo alcanza en su tercer mandato consecutivo, golpeando de lleno la legitimidad de una gestión que heredó de su hermano, Aníbal Rappallini, quien gobernó el municipio entre 2007 y 2015.
El fallo de Ramos Padilla también trajo alivio para otros implicados, dictando la falta de mérito para el exjefe policial Marcelo Osvaldo Condoleo y sobreseyendo a Federico Rappallini. Sin embargo, la situación para el intendente y Otermín se agrava tras los pedidos de la fiscalía en febrero de 2026 para profundizar las indagatorias, encaminando la causa hacia un juicio oral que pondrá bajo la lupa la transparencia electoral en el interior de la provincia.
