En una resolución que sacude los cimientos del sistema financiero y pone bajo la lupa la gestión monetaria de la administración anterior, la jueza federal María Romilda Servini logró cuantificar el impacto económico de la operatoria ilegal del mercado paralelo de divisas.
Según el fallo técnico apoyado en los peritajes de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), el perjuicio directo contra las arcas del Estado asciende a los 607.432.023 dólares en efectivo. Esta cifra refleja la magnitud de un esquema diseñado para drenar reservas oficiales hacia los circuitos informales durante el periodo de enero a septiembre de 2023.
El centro de la investigación gravita sobre la figura de Elías Piccirillo, ex pareja de Jésica Cirio, señalado por la magistrada como el principal articulador de estas maniobras y apodado en la City como el «rey del blue«. El dictamen describe una maquinaria institucionalmente funcional que permitió que el 99% de los billetes físicos fueran extraídos del Banco de Servicios y Transacciones (BST) para luego ser volcados a casas de cambio que, en muchos casos, omitían registrar sus operaciones de venta en las bases de datos oficiales.
La brecha cambiaria, que en el periodo analizado llegó a superar el 100%, fue el motor de una rentabilidad ilícita que se financió con el acceso a dólares al tipo de cambio oficial para su posterior reventa en el mercado negro. También está involucrado Carlos Migueles, ex pareja de Wanda Nara.
Uno de los puntos más críticos del fallo es el señalamiento directo hacia el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La jueza Servini sostiene que las autoridades de la entidad monetaria de aquel entonces habrían omitido su deber de supervisión, permitiendo que el flujo de divisas circulara sin los controles pertinentes, lo cual resultó funcional al esquema criminal.
Esta presunta falta de intervención estatal es la que hoy pone a funcionarios del organismo bajo investigación por el manejo de las divisas que terminaron alimentando las «cuevas» financieras.
La red de irregularidades alcanza ribetes sorprendentes al analizar la composición de las casas de cambio involucradas. La Justicia detectó que una de las firmas con mayor movimiento de fondos tenía como presidente formal a un hombre que, al declarar, afirmó ser un «changarín» dedicado a la instalación de aires acondicionados.
Este tipo de estructuras de testaferros permitieron que sumas astronómicas de pesos circularan por el sistema sin dejar rastro en el Registro de Operaciones de Cambio (RIOC), consolidando un embargo preventivo histórico de 859.000 millones de pesos sobre más de cien financistas para intentar resarcir el daño al patrimonio público.
