La respuesta de la administración central ante la contundencia de la Marcha Federal Universitaria no se tradujo en una apertura al diálogo, sino en un cierre de filas en torno a la ortodoxia fiscal. Bajo la premisa de que «la ley nació muerta«, el Poder Ejecutivo liderado por Javier Milei adelantó que la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso será vetada de forma inminente.
Para los estrategas de la Casa Rosada, el texto legislativo carece de validez técnica al no especificar el origen de los fondos necesarios para su aplicación, lo que, a ojos del oficialismo, representa un acto de irresponsabilidad parlamentaria destinado exclusivamente a quebrar la meta del déficit cero.
Desde el entorno presidencial, la narrativa oficial se centró en deslegitimar el trasfondo de la protesta, asegurando que el legítimo reclamo de la comunidad académica fue instrumentalizado por sectores partidarios desplazados. Según fuentes gubernamentales, la movilización no fue una expresión genuina en defensa de la educación, sino una maniobra de distracción donde la dirigencia tradicional utilizó el prestigio de las casas de altos estudios como un «escudo humano» para proteger intereses corporativos.
En este sentido, el Ministerio de Capital Humano ha supeditado cualquier futura mejora en las partidas presupuestarias a la implementación de un régimen de auditorías externas, bajo el argumento de que el Estado debe transparentar el destino final de cada peso invertido en el sistema universitario.
El escenario legislativo que se abre a partir de ahora plantea una batalla de mayorías. Mientras la oposición intenta amalgamar los consensos necesarios para alcanzar los dos tercios que permitan insistir con la ley tras el veto, el Gobierno de Milei ha iniciado una ronda de negociaciones con bloques aliados para bloquear esa posibilidad.
La estrategia oficial apuesta a consolidar un tercio de diputados «blindados» que sostengan la decisión presidencial, bajo la advertencia de que la emisión monetaria para cubrir baches presupuestarios es una etapa cerrada en la historia económica del país. Así, el conflicto universitario se desplaza de las calles a los despachos del Congreso, con un Ejecutivo que no parece dispuesto a ceder un ápice en su programa de austeridad, incluso frente al costo político que reflejan las últimas encuestas de imagen.
