Javier Milei decidió avanzar «por decreto» para eliminar los aportes obligatorios al Coviar que sostienen el Plan Estratégico del sector. La respuesta no se hizo esperar: la industria ya prepara una batería de amparos judiciales para frenar lo que consideran un ataque directo a su estructura.
Detrás de esta movida aparece la mano de Federico Sturzenegger y su plan desregulador. El oficialismo busca desarmar el esquema de aportes que, según su visión, asfixia al mercado.
Sin embargo, para los viñateros, esto es una «venganza» administrativa tras el rechazo legislativo. El problema es que la pelea llega en el peor momento: con el kilo de uva común a 200 pesos y el malbec a 250, los números de los pequeños productores están en rojo y la rentabilidad desapareció.
En las provincias productoras hay miedo. Muchos sospechan que quitarle poder a los organismos de control solo busca favorecer a las grandes empresas, permitiendo que los precios y los volúmenes de cosecha se manejen en la oscuridad, sin nadie que defienda al eslabón más débil.
Sin una red de contención, el pequeño productor queda a merced de un libre mercado sin filtros ni amortiguadores.
El desenlace parece inevitablemente judicial. Mientras la Coviar convoca a una cumbre urgente con representantes de todo el país para definir los pasos a seguir, el diálogo con la Casa Rosada está roto.
Ante un Estado que clausuró las negociaciones, la justicia será la que decida si se mantiene el modelo de los últimos 20 años o si la industria más emblemática de la región se fragmenta definitivamente.
