La denuncia formulada por la cartera sanitaria provincial sobre el vaciamiento del programa Remediar trasciende la mera queja administrativa para exponer una vulnerabilidad crítica en el acceso a la salud de millones de personas.
Según los datos oficiales, la entrega de botiquines en los centros de salud se redujo en un 25% respecto al año anterior, con caídas alarmantes que superan el 90% en medicamentos clave para pacientes crónicos, como los antihipertensivos, y más del 50% en antibióticos e insumos para la diabetes.
Esta retracción en la cobertura no solo deja sin tratamiento a quienes dependen exclusivamente del sistema público, sino que rompe la lógica de la atención primaria: al no encontrar respuesta en las salitas barriales, los pacientes se ven obligados a trasladar sus consultas a las guardias de los grandes hospitales.
El escenario planteado por las autoridades provinciales describe una «contracción significativa» que ha reducido el abastecimiento de 1.617 a poco más de 1.100 centros de salud en todo el territorio. El riesgo de colapso sistémico es inminente, ya que la saturación de los servicios de emergencia hospitalaria por patologías que deberían resolverse en el primer nivel de atención desarticula cualquier capacidad de respuesta ante urgencias reales.
En un contexto de crisis social donde la demanda de salud pública se incrementa, el recorte de las unidades mínimas de medicamentos —que ya supera el 55%— y la incertidumbre sobre el stock para el próximo año configuran un cuadro de desprotección que atenta contra el derecho básico a la salud y profundiza las desigualdades en los sectores más postergados de la provincia.
