El conflicto entre el Poder Ejecutivo Nacional encabezado por Javier Milei y el sistema universitario ha escalado a un punto de ruptura institucional tras la decisión del Gobierno de desconocer la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario.
Según la postura oficial, la normativa sancionada por el Congreso carece de aplicación práctica debido a que no se han asignado las partidas correspondientes dentro del presupuesto reconducido que rige este año, una interpretación que deja al sector en un limbo legal y financiero.
Esta determinación se complementa con la confirmación de nuevos ajustes sobre las transferencias mensuales destinadas a gastos operativos y programas especiales, lo que agrava el escenario de asfixia que denuncian los rectores de las casas de altos estudios.
Desde la cartera educativa nacional, la respuesta a los reclamos se ha centrado en la exigencia de auditorías externas antes de habilitar cualquier nuevo desembolso, priorizando la meta del equilibrio fiscal por sobre las demandas de recomposición salarial y presupuestaria.
Sin embargo, la comunidad universitaria advierte que la situación es crítica, señalando que los aumentos otorgados por decreto resultan insuficientes frente a una inflación que ya ha erosionado más del 40% del salario real de docentes y no docentes en lo que va del ciclo lectivo.
Ante lo que consideran un ataque directo a la educación pública, estudiantes y trabajadores han ratificado el llamado a una marcha federal masiva que busca visibilizar la imposibilidad de garantizar servicios básicos de funcionamiento en facultades regionales de la UNER, UADER y la UTN.
