El ajuste alcanza a unos 4.000 colegios distribuidos en toda la provincia de Buenos Aires, desde el Conurbano hasta el interior profundo, y representa un nuevo eslabón en la cadena de aumentos que viene registrando el sector educativo desde el inicio del ciclo lectivo.
Si bien el porcentaje autorizado se sitúa en sintonía con las proyecciones oficiales de inflación, las cámaras que agrupan a los propietarios de instituciones educativas privadas han manifestado que el desfasaje acumulado sigue siendo un desafío para la sostenibilidad financiera de los colegios. El principal argumento del sector radica en que, más allá de la masa salarial, los incrementos en los servicios públicos y el mantenimiento general de los edificios superan ampliamente los topes impuestos por las resoluciones de la cartera educativa.
Para las familias, este incremento de mayo se suma a la ya abultada canasta de servicios que han sufrido actualizaciones en el primer cuatrimestre del año. La resolución administrativa intenta caminar por un delgado desfiladero político, buscando garantizar la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de las paritarias del sector, sin que el costo de las cuotas termine por expulsar alumnos hacia el sistema público, el cual ya enfrenta sus propias tensiones de infraestructura.
De esta manera, el sistema de subvenciones estatales continúa siendo el regulador principal de una tarifa que, aunque regulada, sigue tensionando el bolsillo de la clase media bonaerense en la previa de la temporada invernal.
