El Gobierno nacional que conduce Javier Milei consolidó una nueva fase en su estrategia de reestructuración de la planta estatal, trasladando el foco de los recortes de la administración centralizada hacia los denominados organismos descentralizados. El Poder Ejecutivo implementa una fuerte aceleración de los esquemas de retiro voluntario, una vía que ya registra más de 2.000 desvinculaciones efectivas en sectores clave del Sector Público Nacional.
La meta de corto plazo fijada por la administración central establece un horizonte de unas 5.000 bajas para el primer tramo del año, aunque los planes oficiales contemplan un número significativamente mayor a lo largo del período. Desde la Casa Rosada defienden la aplicación de los retiros voluntarios —que ofrecen un incentivo económico equivalente a cerca del 90% del sueldo bruto por cada año de antigüedad trabajado— argumentando que, si bien representan un desembolso financiero inmediato, a mediano plazo amortizan los costos fiscales y blindan legalmente al Estado frente a eventuales demandas y litigios millonarios por despidos.
Hasta el momento, el impacto de las desvinculaciones voluntarias se concentra en tres grandes dependencias del Estado. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lidera la nómina con más de 1.200 trabajadores fuera de la estructura pública, seguida por la Dirección Nacional de Vialidad y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), este último con cerca de 500 bajas. Asimismo, los planes continúan vigentes en el esquema de los medios públicos —como Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos—, y las autoridades evalúan replicar el modelo en la Casa de la Moneda y en el PAMI, obra social que cuenta con una planta de 12.000 agentes.
El régimen de desvinculaciones establece severas restricciones para los adherentes, quienes quedan inhabilitados por un lapso de cinco años para volver a desempeñarse en el ámbito público nacional, a menos que procedan a la devolución total del dinero percibido. Los recortes, que se complementan con la no renovación de contratos anuales, forman parte del plan de reducción estatal que, según registros oficiales, ya implicó la supresión de más de 61.000 puestos laborales desde el inicio del actual ciclo gubernamental sobre un universo totalizado por el INDEC en 276.104 empleados públicos a nivel nacional.
