La trama detrás del brutal femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado en Córdoba, sumó en las últimas horas un capítulo de profunda gravedad institucional. El testimonio público de una joven que denunció formalmente al único detenido, Claudio Gabriel Barrelier, en mayo de 2025, expuso las alarmantes fallas en el engranaje preventivo del Poder Judicial. Conmocionada por el desenlace del caso actual, la víctima de aquel primer episodio rompió el silencio para detallar el calvario que vivió en la misma vivienda de la calle Del Campillo al 800, en barrio Cofico, el escenario que hoy concentra las pericias criminalísticas.
En declaraciones radiales a la emisora Cadena 3, la denunciante recordó cómo Barrelier la encerró bajo llave, la encañonó con un arma de fuego y la obligó a quitarse la ropa bajo la perturbadora premisa de que «unos socios debían verla». Posteriormente, la maniató de pies y manos y le cubrió la boca con cinta adhesiva. La supervivencia de la joven dependió exclusivamente de su propia astucia: al notar que las ligaduras de sus piernas habían quedado flojas, logró zafarse, escapar hacia la vía pública en ropa interior y pedir auxilio a un grupo de jóvenes que transitaba por el sector. Pese a que un allanamiento policial posterior permitió recuperar la vestimenta de la víctima, el acusado negó conocerla y nunca se hallaron el teléfono celular robado ni el arma utilizada en el hecho.
El nudo más crítico de su descargo apunta de forma directa a los criterios de la Fiscalía que intervino hace un año. Barrelier permaneció detenido apenas 20 días por el delito de privación ilegítima de la libertad y recuperó el beneficio de la ambulatoriedad tras el pago de una fianza de cinco millones de pesos, una resolución de la cual la víctima original jamás fue notificada. Esta cadena de omisiones y la falta de un seguimiento penal riguroso sobre un perfil considerado de extrema peligrosidad permitieron que el sospechoso continuara en libertad hasta el trágico desenlace de la semana pasada.
Mientras la sociedad cordobesa asimila el impacto de las revelaciones, el panorama procesal del imputado se complejiza. Según confirmaron fuentes del Servicio Penitenciario de Córdoba y del Ministerio de Seguridad provincial a diversos medios locales, Barrelier protagonizó un intento de suicidio dentro de la cárcel de Bouwer, motivo por el cual debió recibir asistencia médica de urgencia y permanece actualmente bajo una estricta observación psiquiátrica y de resguardo físico las 24 horas.
Por su parte, la investigación judicial liderada por el fiscal de instrucción Raúl Garzón avanza sobre hipótesis más amplias. El ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, ratificó públicamente que las líneas de investigación penal no se agotan en el único detenido. Las autoridades judiciales sospechan de la existencia de otros partícipes o encubridores que habrían colaborado en el entorno del crimen de la menor, por lo que se esperan nuevos procedimientos mientras el Gobierno provincial anticipó que requerirá la pena máxima de prisión perpetua para todos los involucrados.
