La situación patrimonial de los funcionarios del entorno íntimo del presidente Javier Milei volvió a encender las alarmas en los tribunales de Comodoro Py. Tras conocerse las declaraciones juradas y los informes de consumos financieros del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, su equipo de defensa técnica comenzó a diseñar una ingeniería discursiva y legal compleja. El objetivo central es neutralizar una posible imputación por enriquecimiento ilícito o inconsistencia fiscal derivada de los 85 millones de pesos que el funcionario y su esposa gastaron a través de sus tarjetas de crédito durante el año 2025.
La estrategia judicial del portavoz no buscará negar los llamativos montos de consumo, sino reconfigurar el origen y la declaración de esos fondos bajo el concepto informal de «inocencia fiscal«. Según fuentes vinculadas al armado de su defensa, el argumento principal se centrará en que las marcadas asimetrías entre su sueldo como secretario de Estado y el dinero remanente para sostener semejante nivel de vida no constituyen un delito de origen espurio, sino un descalce técnico. Los abogados de Adorni alegarán que los fondos provienen de actividades privadas previas a su llegada a la función pública —como sus ingresos como consultor, analista económico y conferencista— y que, en todo caso, existieron «omisiones involuntarias» o «errores de carga» por parte de sus contadores al momento de actualizar las declaraciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Esta línea de defensa genera fuertes dudas entre los especialistas en derecho penal económico. En los pasillos de los tribunales de Retiro se recuerda que la justificación de los ingresos de un funcionario público debe ser estricta y cronológica, y que apelar a la «buena fe» o a la mera informalidad resulta un argumento débil cuando las cifras oficiales de consumo triplican los ingresos netos percibidos por el ejercicio de la función pública. El fiscal de la causa ya solicitó las primeras medidas de prueba para entrecruzar los resúmenes de las tarjetas bancarias con las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción, buscando determinar si detrás de esos 85 millones de pesos existen aportes de empresas privadas o incompatibilidades con su rol en el Estado.
El impacto de la noticia golpea la línea de flotación del discurso oficialista, obsesionado con la austeridad y el combate a los privilegios de la política. Mientras el portavoz intenta encapsular el tema como un «problema de índole privado y técnico-contable», la oposición legislativa ya prepara pedidos de informes para que se detalle de manera pública cómo un funcionario que percibe un salario estatal regulado puede convalidar un ritmo de gasto mensual equivalente al de los sectores más concentrados del «círculo rojo». Las próximas semanas, marcadas por las pericias contables pedidas por la Justicia, determinarán si la hipótesis de la «inocencia fiscal» es suficiente para archivar la denuncia o si se convierte en el inicio de un procesamiento judicial.
