El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, se prepara para enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley que promete patear el tablero del derecho comercial argentino. Se trata de una reforma profunda a la Ley General de Sociedades (LGS) diseñada con un objetivo ambicioso: desbancar a la burocracia estatal y adaptar el marco normativo local a la frontera de la economía digital global, posicionando al país en la carrera por atraer capitales tecnológicos.
La propuesta oficial introduce conceptos disruptivos que hasta hace poco pertenecían al terreno de la vanguardia tecnológica. En primer lugar, se otorgará personería jurídica y el beneficio de la responsabilidad limitada a las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAOs, por sus siglas en inglés), estructuras que operan sobre la tecnología blockchain y carecen de una junta directiva tradicional. En sintonía con esto, el proyecto prevé la legalización de sociedades operadas íntegramente por algoritmos y sistemas de Inteligencia Artificial, sin la necesidad de intervención humana en sus decisiones cotidianas.
Para dotar de previsibilidad jurídica a este nuevo ecosistema, el Ejecutivo introduce un cambio de paradigma conceptual en el derecho local: las empresas locales podrán acordar de forma voluntaria someter sus conflictos societarios a la legislación extranjera o a las normas del comercio internacional. Esto implica que las disputas internas ya no dependerán obligatoriamente de los tribunales comerciales argentinos, sino que podrán resolverse mediante arbitrajes internacionales.
Este modelo se complementa con una virtual desregulación de la Inspección General de Justicia (IGJ) y los registros públicos provinciales, organismos que históricamente han ejercido un fuerte control de legalidad sobre los contratos. Con la nueva norma, la Ley de Sociedades pasará a tener un carácter mayoritariamente supletorio, otorgando preeminencia absoluta a la autonomía de la voluntad expresada en los estatutos privados. Además, se eliminará la exigencia de que las compañías tengan un objeto social único o conexo, permitiendo que una misma firma declare múltiples actividades comerciales sin relación entre sí, emulando la flexibilidad de los estatutos de las corporaciones en Estados Unidos.
El plan oficial se cierra con una digitalización obligatoria y total del entorno corporativo. Se suprimirán los libros contables en papel y las rúbricas tradicionales, dándole paso definitivo a las asambleas a distancia, los domicilios electrónicos y los registros contables en formatos digitales firmados electrónicamente.
