El Gobierno de Santa Fe dio un paso decisivo para combatir el sobreendeudamiento de las familias santafesinas mediante la oficialización del Decreto Nº 1014/2026. La medida, denominada formalmente «Plan de Protección de los Ingresos«, busca poner orden en un sistema de créditos de consumo que, debido a las elevadas tasas de interés actuales, ha erosionado el poder adquisitivo de miles de agentes estatales y trabajadores del sector privado debido a las políticas del presidente Javier Milei.
La normativa ataca directamente la raíz del problema al reducir drásticamente el margen de maniobra de mutuales y financieras: a partir de ahora, el tope máximo de descuentos que se pueden aplicar directamente sobre el recibo de haberes baja del 50% al 25% del salario afectable, garantizando que el trabajador disponga de una mayor proporción de su ingreso para sus necesidades básicas.
El plan no se limita a establecer topes, sino que propone una salida estructural para quienes ya se encuentran asfixiados por las deudas. El Ministerio de Economía quedó facultado para suscribir convenios con el agente financiero de la provincia y otras entidades bancarias para ofrecer líneas de crédito con tasas bonificadas.
Estos nuevos préstamos tendrán como fin exclusivo la cancelación o precancelación de pasivos anteriores, permitiendo a los deudores canjear «deuda cara» por «deuda barata» en condiciones de mercado mucho más favorables.
Además, el decreto obliga a las entidades acreedoras a refinanciar los saldos de aquellos agentes que superen el nuevo límite del 25%, manteniendo las tasas originales pero extendiendo los plazos para cumplir con la nueva normativa de protección.
Un eje central de la reforma es el endurecimiento de los controles sobre las entidades que operan con códigos de descuento. Para seguir funcionando dentro del sistema provincial, las financieras y mutuales deberán acreditar su inscripción ante la Unidad de Información Financiera (UIF), presentar balances auditados y demostrar regularidad fiscal, una medida que busca depurar el sector de actores irregulares.
Complementariamente, se creó una Unidad de Gestión para monitorear el sistema y promover programas de educación financiera, con el objetivo de prevenir futuros ciclos de endeudamiento tóxico. Con esta iniciativa, la provincia busca no solo proteger el salario real, sino también dinamizar el consumo local al liberar recursos que antes quedaban atrapados en el pago de intereses financieros.
