La situación de Alijor, la firma dueña de la marca La Salteña, ha llegado a un punto de no retorno. Según denuncias del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), la compañía arrastra deudas salariales y de aportes previsionales desde finales de 2024, lo que ha derivado en un estado de asamblea permanente en su planta de Garín.
Los trabajadores denuncian que la patronal ha cortado la cadena de pagos mientras la producción se encuentra prácticamente detenida, dejando un vacío en las góndolas de un producto líder en el mercado.
El conflicto se profundizó tras el fracaso de las negociaciones en el ámbito laboral, donde la empresa alegó una caída estrepitosa en las ventas y dificultades para afrontar los costos operativos en el actual contexto económico promovido por la política económica de Javier Milei.
Sin embargo, desde el sector gremial sostienen que se trata de un vaciamiento encubierto, ya que la firma no ha presentado un plan de saneamiento serio ni ha garantizado la estabilidad laboral de sus operarios. La incertidumbre sobre el futuro de La Salteña es absoluta, en un escenario donde una marca histórica del consumo masivo argentino queda envuelta en una crisis de gestión que amenaza con su desaparición definitiva.
