En una resolución de gran trascendencia institucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló este jueves a favor del Gobierno de Santa Cruz, convalidando de manera definitiva la ampliación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de cinco a nueve miembros. La decisión deja sin efecto la sentencia previa que había frenado la aplicación de la Ley Provincial 3.949, devolviéndole plena vigencia a la reforma impulsada en agosto de 2025.
El eje del fallo: la falta de legitimación del gremio
Uno de los puntos centrales de la sentencia nacional fue el rechazo a la demanda promovida por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales. La Corte Suprema consideró que el sindicato no contaba con la legitimación necesaria para impugnar la ley, ya que no logró demostrar que la ampliación del tribunal afectara de forma «concreta, directa e inmediata» los derechos laborales de los trabajadores.
Para los magistrados de la Nación, el planteo gremial excedía la defensa de intereses sectoriales para entrar en el terreno de la organización institucional del Estado. En un párrafo determinante, el fallo subrayó: «La simple condición de empleado del Poder Judicial provincial no otorga un estatus especial para defender en juicio la independencia de los tribunales», equiparando en este punto el interés del gremio al de cualquier otro ciudadano.
Revocación de la sentencia provincial
Con esta resolución, la Corte Suprema nacional descalificó los argumentos del propio TSJ santacruceño, que en su momento había declarado la inconstitucionalidad de la norma por considerarla «irrazonable». El tribunal nacional calificó aquellos fundamentos como “dogmáticos” y carentes de sustento jurídico suficiente, ordenando que los cuatro nuevos vocales designados bajo el esquema de nueve integrantes asuman sus funciones sin más dilaciones.
Un nuevo mapa judicial para Santa Cruz
Con la sentencia firme, el máximo órgano judicial de la provincia queda reconfigurado bajo el siguiente esquema:
- Integración: El cuerpo pasa de 5 a 9 vocales.
- Vigencia: Los magistrados designados podrán intervenir formalmente en todas las causas de manera inmediata.
- Efecto Político: Se cierra un conflicto de meses, ratificando la potestad de la Legislatura provincial para reorganizar la estructura del Poder Judicial según lo establecido en la Ley Orgánica de la Justicia.
Esta decisión representa un fuerte espaldarazo para la administración provincial, que defendió la reforma como una herramienta para agilizar el servicio de justicia y dar respuesta a la creciente demanda del sistema.
