El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se consolidó como la principal herramienta del Gobierno nacional para destrabar desembolsos mineros históricos, estimados en más de 50.000 millones de dólares hacia el año 2035. Sin embargo, la puesta en marcha de estos megaemprendimientos de cobre, oro y litio abrió un complejo frente de tormenta federal. Las provincias donde se radican los yacimientos defienden sus propias legislaciones de compre y empleo local, las cuales imponen exigencias muy superiores y, en muchos casos, incompatibles con los parámetros fijados por la administración central.
De acuerdo con una investigación de la periodista especializada Sabrina Pont para el diario Clarín, la superposición de normativas generó un escenario de fuerte incertidumbre jurídica. Mientras el RIGI de la Ley Bases apenas solicita a las corporaciones un plan que garantice un mínimo del 20% de contratación de proveedores nacionales —sin distinción de fronteras internas—, las provincias productoras plantan bandera con normativas que multiplican ese requisito para blindar sus economías regionales.
El mapa de las exigencias provinciales expone asimetrías extremas en el territorio. En el norte del país, el bloque del litio compuesto por Salta, Jujuy y Catamarca obliga a las compañías a destinar un 70% de sus compras a proveedores locales inscriptos en sus registros oficiales, sumando cupos de mano de obra local que oscilan entre el 40% y el 70% según el avance de las obras. El caso más radical se encuentra en Santa Cruz, donde rige la estricta Ley 90/10, que exige que el 90% del personal petrolero o minero tenga residencia fija en la provincia. En contraste, San Juan tramita una nueva Ley de Desarrollo Local Minero que busca fijar metas orientativas del 60% de compre y 80% de empleo local, impulsada tras la polémica adjudicación de un campamento de 200 millones de dólares del megaproyecto Vicuña a un consorcio liderado por capitales chinos, lo que encendió las alarmas de las pymes sanjuaninas. En el extremo opuesto se ubica Mendoza, que rechaza estas cuotas por considerarlas barreras artificiales e inconstitucionales.
Ante este rompecabezas regulatorio, las empresas mineras presionan al poder político en busca de un acuerdo de «armonización» que unifique los criterios. Las multinacionales argumentan que muchas pymes locales carecen del volumen de producción o de los exigentes estándares de certificación internacionales que demandan sus casas matrices, además de señalar la escasez de mano de obra calificada en zonas alejadas.
Por su parte, entidades como la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN) advierten que la fragmentación regulatoria encarece los costos de los proyectos. Las cámaras empresariales locales reclaman que, en lugar de imponer obligaciones de compre imposibles de cumplir, el Estado debería otorgar incentivos fiscales y financieros similares al RIGI para que el entramado productivo argentino pueda desarrollarse y competir en igualdad de condiciones ante la histórica ola de inversiones que se avecina.
