El frente judicial que complica a Jesica Cirio sumó un capítulo decisivo en los tribunales federales de La Plata. Ante el temor de que el avance de la investigación derive en una orden de restricción de la libertad, los abogados de la conductora presentaron un pedido formal de exención de prisión. La estrategia de la defensa busca anticiparse a cualquier pedido de detención por parte de los fiscales, argumentando que su asistida siempre estuvo a derecho, carece de antecedentes penales y posee un fuerte arraigo en el país que descarta cualquier riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa.
El núcleo de la presentación judicial, sin embargo, se centró en un duro cuestionamiento hacia el acervo probatorio que maneja la fiscalía. La defensa de Cirio solicitó formalmente la exclusión como evidencia de un video que cobró fuerte notoriedad pública en las últimas semanas, en el cual se observan importantes sumas de dólares en efectivo. Los letrados sostienen que dicho registro audiovisual fue obtenido mediante mecanismos que violan las garantías constitucionales, calificándolo como una intromisión ilegal a la privacidad que no debería ser contemplada en el expediente de la causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Esta causa penal, que se inició tras el escándalo del viaje a Marbella del exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, mantiene la lupa sobre el patrimonio de la modelo y los acuerdos económicos derivados de su divorcio. Mientras los peritos contables analizan los movimientos bancarios y las declaraciones juradas presentadas por las partes, los representantes de Cirio insisten en que los ingresos de la conductora están plenamente justificados por su extensa trayectoria en los medios de comunicación y sus contratos comerciales con marcas de primera línea.
La resolución queda ahora en manos del juez federal a cargo, quien deberá evaluar si hace lugar al blindaje contra la detención solicitado por la modelo y si convalida el uso del polémico video como prueba de cargo. En los tribunales platenses coinciden en que las próximas semanas serán determinantes para definir la situación procesal de los imputados, en un caso que combina alta exposición pública y ramificaciones políticas complejas.
