La Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico dictó un fallo de alto impacto político y deportivo al ratificar los procesamientos de Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y de Pablo Toviggino, tesorero de la entidad. La resolución, que lleva las firmas de los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio, convalida la investigación llevada adelante en primera instancia por el juez federal Diego Amarante, quien acusa a los máximos directivos del fútbol local de haber montado una maniobra sistemática de apropiación indebida de recursos de la seguridad social y tributos fiscales.
El expediente judicial detalla que, entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, la AFA retuvo aportes previsionales, Ganancias e IVA a empleados y terceros sin depositarlos en los plazos que exige la ley. La suma de la presunta evasión asciende a más de 19.000 millones de pesos, dividida en decenas de hechos delictivos tipificados bajo la figura de apropiación indebida agravada. El dato central que terminó por sepultar la estrategia de la entidad es que, según las pericias contables, la AFA disponía de la liquidez necesaria para afrontar esos compromisos financieros en tiempo y forma. Para la Justicia, no se trató de una crisis de caja, sino de una decisión deliberada de utilizar esos fondos públicos para obtener réditos financieros antes de su posterior liquidación tardía.
Más allá del fondo de la acusación, el fallo dejó al descubierto un grosero error en la estrategia jurídica de Tapia. Mientras que la Cámara rechazó los argumentos de la defensa de Toviggino tras analizar el fondo de su apelación, en el caso de «Chiqui» Tapia y de la AFA como persona jurídica, el recurso fue declarado «desierto». Los abogados del presidente solicitaron una prórroga para la audiencia oral fuera del término legal, lo que provocó que el tribunal diera por decaído el derecho a apelar y dejara su procesamiento firme de manera automática por una cuestión meramente formal.
Aunque el proceso continuará sin prisión preventiva, el escenario para los dirigentes es complejo. Ambos enfrentan embargos individuales por 350 millones de pesos y mantienen la prohibición de salir del territorio nacional sin una autorización expresa del tribunal. En contraposición, la Cámara decidió aliviar la situación de los exsecretarios de la institución, Víctor Blanco y Cristian Malaspina, al revocar sus procesamientos por considerarlos «prematuros» y ordenarle al juez Amarante profundizar la investigación antes de definir sus responsabilidades penales.
